La Junta autoriza anticipos a cinco ayuntamientos de Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado anticipos de tesorería, por un importe total de 1,98 millones de euros, a cinco ayuntamientos de las provincias de Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Estas ayudas se incluyen tanto en la línea de apoyo de la Junta a cuenta de la participación de las corporaciones locales en los tributos autonómicos como en la modalidad referida a ingresos del Estado.
Los anticipos autonómicos corresponden a los municipios jiennenses de Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo, que recibirán 152.639 y 114.131 euros, respectivamente, y al malagueño de Torremolinos (559.333 euros).
Los pagos autorizados a cuenta de la participación en los ingresos del Estado se destinan también a Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo (460.962 y 371.203 euros, respectivamente), así como al municipio cordobés de Bélmez (118.724 euros) y al sevillano de Umbrete (290.127 euros).
Los anticipos de la primera modalidad proceden del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), creado este año con una dotación de 420 millones de euros. Según la Junta, este instrumento "destaca a Andalucía como la comunidad que más recursos financieros destina en España a los ayuntamientos de forma incondicionada, es decir, respetando la autonomía en la disposición del gasto".
De acuerdo con su normativa reguladora, los anticipos a cuenta de la Patrica no pueden sobrepasar los 100 millones de euros en su conjunto durante un año. Para cada corporación se establecen los límites de 2,5 millones y del 25 por ciento del total de las entregas a cuenta de un ejercicio por participación en los tributos autonómicos.
Por su parte, el apoyo financiero por adelanto de los recursos que los ayuntamientos perciben de los ingresos del Estado no puede superar los 2,5 millones de euros por municipio y los 50 de límite global durante un año.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública debe dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, al Consejo Andaluz de Concertación Local, mientras que la decisión del Consejo de Gobierno se adopta previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).