La Junta asume las competencias del litoral andaluz

previsto en el Estatuto de Andalucía y  formalizado el pasado 12 enero por el vicepresidente tercero del  Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública,  Manuel Chaves, y la consejera de Presidencia, Mar Moreno. 
El traspaso, que se hace efectivo a partir de este viernes, supone  un coste anual efectivo de 2.112.922 euros y el traspaso de 62  puestos de trabajo, de los cuales 18 son funcionarios y 44 personal  laboral, y 21 vehículos. Además, la Administración autonómica recibe  un inmueble de 2.348 metros cuadrados en el Paseo de la Farola de  Málaga, si bien el uso de éste será compartido por Estado y Junta  hasta que se libere por parte de la segunda el edificio ubicado en el  número 7 de esta misma vía, donde finalmente se ubicarán los  servicios estatales.
La regulación, que se recoge en el Real Decreto aprobado el 21 de  enero por el Consejo de Ministros, también contempla la creación de  una comisión de seguimiento y evaluación, adscrita a la Consejería de  Presidencia, como instrumento de participación de los agentes  económicos y sociales en la ordenación y gestión del litoral. De la  misma manera, la Administración andaluza creará en las seis  provincias con dominio público marítimo-terrestre comisiones  interdepartamentales sobre la materia.
La comunidad andaluza, la segunda región que recibe este traspaso  tras Cataluña, asumirá a través de las cuatro consejerías que reciben  las atribuciones funciones que incluyen las autorizaciones y  concesiones de ocupación y aprovechamiento del dominio público  marítimo-terrestre relativas a platas, acantilados, dunas, marismas o  humedales, entre otros espacios costeros. 
Además, entre estos permisos figuras los relativos a los llamados  'chiringuitos', así como la realización de vertidos, las  explotaciones de acuicultura y recursos mineros o energéticos, las  actividades que requieren instalaciones desmontables durante un  periodo superior a un año, la ejecución de obras fijas en el mar y  las infraestructuras menores como embarcaderos, pantalanes o  varaderos. 
La Junta también regulará los usos de temporadas en las playas,  entre las que se encuentran las relativas a zonas de baño y ocio, en  el mar territorial, comprendiendo zonas de fondeo o pantalanes  flotantes, entre otros.
Con respecto a los 'chiringuitos' andaluces, que actualmente  ascienden a 833 en las cinco provincias con salida al mar, los  consejeros de Presidencias y de Medio Ambiente, Mar Moreno y José  Juan Díaz Trillo, respectivamente, han anunciado recientemente que la  Junta realizará planes anuales para las playas y que en el ánimo de  la Administración andaluza no está sancionar a estos  establecimientos. 
En este sentido, el titular de Medio Ambiente indicó que a partir  del 1 de abril los permisos y concesiones se harán en las cinco  delegaciones provinciales de Medio Ambiente, al igual que la  aprobación de los planes de playas, herramientas que estarán  disponibles a finales de cada año para evitar que la temporada se  inicie y los empresarios no dispongan de los mismos. 
Del mismo modo, Díaz Trillo señalo que en el ánimo de la Junta "no  está llegar poniendo multas", pero precisó "un 'chiringuito' mal  construido y que abusa hace daño al sector, no consintiendo que se  dañe al medio ambiente". 
Por otro lado, el Real Decreto establece la participación de la  comunidad en la planificación y programación de las obras de interés  general, así como en la gestión de las adscripciones al dominio  público marítimo-terrestre para construcción, ampliación o  modificación de puertos y vías de titularidad autonómica. En este  contexto se creará una comisión bipartita para la planificación de  estas obras y además la Junta podrá proponer la incorporación de  proyectos de inversiones en el anteproyecto de Ley de Presupuestos  Generales del Estado.
No obstante, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, precisó  durante la formalización del traspaso el pasado 12 de enero que el  Estado "no puede despojarse de sus obligaciones" con respecto al  litoral, reservándose por tanto la última palabra, si bien con esta  transferencia los expedientes que a priori no presenten problemas  "irán con mayor agilidad y con muchas más garantías".
Por otro lado, con esta transferencia se pone fin al contencioso  que mantienen la Junta y el Gobierno en relación con el deslinde del  Parque Nacional de Doñana, según señaló Moreno.