La Junta andaluza ve 'una buena noticia' la decisión de la Fiscalía

La consejera de Presidencia de la Junta andaluza, Mar Moreno, ha  declarado que la colaboración de la Junta de Andalucía con el Juzgado  de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las supuestas  irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE),

    15 abr 2011 / 18:36 H.

    es  del "99,9 por ciento", porque "estamos en el mismo barco",  discrepando únicamente en la entrega de las actas de los consejos de  Gobierno. Por ello, ha considerado "una buena noticia" que la  Fiscalía Anticorrupción se oponga a que la juez acceda a esos  documentos.
    "Hemos ofrecido cualquier información de cualquier acuerdo que  pueda resultar de interés para la investigación", ha manifestado la  consejera andaluza, quien ha precisado que "entendemos, con una  colaboración y respeto del 99,9 por ciento, que en ese 0,1 por ciento  no lleva razón el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla".
    Como ha recordado, el Ejecutivo andaluz "ha denunciado a los  tribunales el caso de las irregularidades en los ERE y, por tanto,  está en el mismo barco que el Juzgado". "El Juzgado y la Junta de  Andalucía perseguimos a los que hayan causado cualquier daño al  dinero público", ha subrayado.
    En este sentido, Moreno, que ha asistido este viernes a la toma de  posesión de la nueva delegada del Ejecutivo andaluz en Málaga,  Remedios Martel, ha reiterado que la colaboración de la Junta con la  juez que lleva el caso de las irregularidades en los ERE "es del 99,9  por ciento", y "sólo tenemos una discrepancia en relación con las  actas del Consejo de Gobierno porque creemos que la petición del  conjunto de las actas choca con la Ley de Gobierno de Andalucía".
    La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto de la juez  Mercedes Alaya en el que ordenó a la Junta la entrega de las 480  actas de los consejos de Gobierno desde 2001 para su custodia. El  Ejecutivo andaluz entiende que la encargada de esta investigación no  puede acceder a estas actas porque son reservadas y ha solicitado que  el conflicto lo resuelva el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción  del Tribunal Supremo.