La Junta aboga por aplazar la ley contra peces exóticos invasores

Hasta 2,4 millones de euros puede perder anualmente la provincia de Jaén —según datos del exvicepresidente de la Federación Española de Pesca, Antonio López Iruela— si, antes de que se abra la orden de vedas, nada altera el Real Decreto que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó, el 14 de noviembre del año pasado, para regular las especies exóticas invasoras en España. Una normativa que desarrolla la Ley 42/2007, que ya prohibía algunas de estas prácticas, pero que, en medio de una crisis galopante y con otra recesión esperando a la vuelta de la esquina, ha puesto no solo a la defensiva a las federaciones española y andaluza de pesca deportiva, sino a empresarios hosteleros y también a la mayoría de las comunidades autónomas en el país.
El Gobierno de Castilla y León anunció, la semana pasada, que impugnará el Real Decreto por considerar que la prohibición de repoblar los ríos con la trucha arcoiris o el hucho es “claramente perjudicial” para la pesca en la comunidad. Y, si bien la Junta de Andalucía “acata y cumple las normativas que están en vigor”, responsables de la Consejería de Medio Ambiente no ocultan que la medida “escuece”, a pesar de que fue un Gobierno de su mismo signo político el que la aprobó. Así quedó de manifiesto en la reunión que, el día 9, mantuvieron dirigentes de las distintas comunidades autónomas    con responsables del Ministerio de Agricultura. Indican desde la Consejería andaluza: “Nuestra postura es la misma que antes de la publicación del Real Decreto, cuando comentamos que era necesario adaptarlo a la realidad de cada territorio y que se estableciera un periodo de adaptación”. Estas mismas fuentes reconocen que “hay algunas actuaciones de ilegalidad manifiesta”. Por ejemplo, la pesca del cangrejo rojo en el bajo Guadalquivir y su comercialización en vivo, precisan. Pero, en cuanto a la prohibición de la pesca de la trucha arco iris —cuya erradicación, según el presidente del club deportivo social Sevillana Jaén, Miguel Ángel Jaenes, tendría incluso consecuencias ecológicas—, realizan dos apreciaciones. La primera      —señalan— es que “la suelta de trucha arco iris de hace veinte años no tiene nada que ver con la actual. “Son hembras esterilizadas”, recuerdan. Tratadas genéticamente para que no puedan reproducirse. Y, en segundo lugar, “las sueltas se realizan en cotos restringidos, en zonas concretas, por lo que no se produce una mezcla con la trucha común”.
Por motivos como estos, Medio Ambiente pide al Gobierno central que tenga en cuenta estas realidades y que aplace el Real Decreto. Porque —apuntan— existe un proyecto de investigación y desarrollo en el que la Consejería trabaja, desde el año 2005, junto con la Universidad de Córdoba, para analizar los cotos trucheros con el fin de estudiar y fomentar la reproducción de una trucha común. Y —aseguran—, cuando este programa “esté más avanzado”, servirá para sustituir a esa especie exótica invasora, que es la variedad arco iris, por ejemplares autóctonos.
“En vista de que el Ministerio de Agricultura ha abierto un proceso de diálogo” y todo apunta a que será “receptivo”, la Consejería aboga por dar un voto de confianza al gabinete de Miguel Arias Cañete. Pero, el tercer domingo de marzo, se abre la orden de vedas que regula la pesca deportiva de los salmónidos y las mismas fuentes de la Junta advierten: “El tiempo apremia”. Nuria López Priego /Jaén

En paralelo
El coste de la pesca de trucha arco iris
El presidente de la Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas acuáticos del Sur, Alejandro Ramos, indica que el problema de las especies exóticas no solo es ambiental, sino económico. Explica: “Un permiso en un coto de trucha arco iris para un federado cuesta 2,68 euros y le permite un cupo de seis truchas. Si lo respetase, el coste de soltarlas  para la Administración y para todos los andaluces ronda los 12 euros. Así que, cada vez que alguien saca un permiso de coto de pesca de trucha arco iris, perdemos unos diez euros en subvencionarle el pescado que se come”. Un coste al que se suma la inversión en el programa de recuperación de la trucha común.