La juez que investiga irregularidades en ERE comunica al ex consejero Antonio Fernández su próxima imputación

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla,  Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades  detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo incentivados por la Junta de Andalucía gracias a un acuerdo entre la  Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo  Instituto de Fomento de Andalucía, ha comunicado al ex  consejero de Empleo Antonio Fernández que, a cuenta del contenido de  las diligencias, debe designar a un procurador y a un abogado al  objeto de personarse en la causa en calidad de imputado.

    14 mar 2011 / 19:11 H.

     

    El propio Antonio Fernández ha informado a Europa Press de que, en  efecto, la juez Mercedes Alaya le ha remitido un burofax en el que le  comunica que, de las diligencias practicadas en esta causa, se deduce  su "presunta participación" en los hechos investigados. Los hechos,  en concreto, son el libramiento de 647.869.157,45 euros para la  reestructuración de empresas en crisis mediante una fórmula ajena a  la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización  administrativa, además de una supuesta trama de prejubilaciones  fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo incentivados  gracias a este acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y  Seguridad Social y el IFA.

    En este burofax, según ha detallado el ex consejero Antonio  Fernández, la juez Mercedes Alaya le insta a designar a un procurador  y a un abogado para personarse a todos los efectos en estas  diligencias en calidad "de imputado". No obstante, Antonio Fernández  ha considerado que se trata de algo "lógico" por lo que a los  procedimientos judiciales se refiere, manifestando que se siente "muy  tranquilo" por su labor al frente de la Consejería de Empleo.

    GUERRERO ES "POCO CREIBLE"

    El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía ha aclarado que  la juez no le ha convocado a declarar en fecha alguna, pero de  cualquier modo, ha señalado su "tranquilidad" ante esta decisión de  la juez Mercedes Alaya. Y es que, desde su perspectiva, el testimonio  del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de  Andalucía Francisco Javier Guerrero, quien había calificado como  "fondo de reptiles" estos 647.869.157,45 euros, es "poco creíble".  "Estoy aguantando la situación", ha enfatizado Antonio Fernández.

    En paralelo a estas diligencias, la Consejería de Empleo promueve  una investigación interna en torno a estos expedientes de regulación  de empleo, aspecto que se ha saldado hasta el momento con el  descubrimiento de 59 'intrusos' o personas prejubiladas en empresas  en las que nunca habrían trabajado, además de otras 87 incidencias  relacionadas con prejubilaciones incentivadas con estos  647.869.157,45 euros que, según la Policía Judicial, habrían sido  librados al margen de la necesaria fiscalización. Estos expedientes  de regulación de empleo en cuestión han sido promovidos por empresas  como Mercasevilla, el restaurante Río Grande, 'SOS Cuétara', 'Cash  Lepe', Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit,  Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans.

    Antonio Fernández fue consejero de Empleo entre los años 2004 y  2010 y ha ocupado escaño en el Parlamento andaluz como diputado del  Grupo Socialista por Cádiz hasta finales del pasado mes de noviembre,  cuando renunció al acta para dedicarse en exclusiva a su nueva  responsabilidad como presidente del Consejo Regulador del Marco de  Jerez.