La Inspección va a más de 200 tajos en busca de parados y jefes sin escrúpulos

Revisan  que los medios de trabajo cumplen la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y que todos los jornaleros tengan un contrato laboral. De ahí que todos los parados que cobren subsidio y se les ocurra pisar uno saben que “se la juegan”. Da igual que sea su olivar, el de su padre o el de un amigo, ya que el Gobierno considera que, si cobran una prestación, no están en condiciones de regalar su labor. Por ello, todos los que acudan a las olivas han de estar registrados. No vale decir: “Estoy aquí, pero es mi familia y no cobro nada”.
El subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro, ya dijo en una rueda de prensa que nada ha variado respecto a otros años, por lo que se siguen los patrones habituales. En cambio, a nadie escapa que, ahora, hay necesidad en muchas familias y más de 50.000 demandantes de empleo, de los que alrededor de 40.000 están subsidiados o, de otra forma, no pueden ir al campo. Si lo hacen, han de darse de baja unos días en la prestación y de alta en la aceituna. No hay otra manera de acudir.
Los medios. Precisamente, la Inspección de Trabajo dispone de 11 inspectores y, además, hay 12 subinspectores que también están capacitados para ir al campo y levantar acta. El Gobierno sabe que el fenómeno más característico de esta edición son las personas a las que,  en un alarde de picardía, se les pudiera ocurrir ir al tajo sin contrato —generalmente, cobrando un jornal que queda en la economía sumergida— y, a la vez, figurar como desempleado y recibir la cantidad correspondiente.
Antes se insistía en localizar a quienes que estaban sin contrato laboral porque no tenían permiso para laborar o de residencia, que se conocen en el argot de la calle como los “sin papeles”. En cambio, ahora, el plan de inspección contempla que la primera causa de fraude estará en los parados. Los sindicatos llevan años con la reivindicación de que los medios de la Inspección son insuficientes. Esta demanda aumentó en 2008, ya que fue un año “negro” en accidentes laborales mortales y recalcaban que hacían falta más medios.
De ahí que la presión aumente, ya que 23 inspectores y subinspectores tienen la complicada misión de vigilar las relaciones laborales de 55.000 individuos, que son los que estarán en el medio rural bajo las órdenes de alguno de los 54.500 olivareros que necesitan contratar a temporeros. Los datos se extraen de los cálculos del propio subdelegado, que dijo que para una campaña de 60 días harían falta 55.000, que van a la mitad de las explotaciones de la provincia. Según la Junta, que se basa en el sistema de ayudas, hay censados 109.000, por lo que se estima que 54.500 necesitan mano de obra.
La Inspección Laboral realizó, el pasado año, 123 visitas en la que levantó actas a 7 agricultores. No hay duda de que, en función del número de tajos, las posibilidades de que “pillen” a un desempleado son, prácticamente, remotas. No obstante, a algunos les toca. El plan de este año contempla incrementarlas un 30%, por lo que 200 tajos  recibirán a la Guardia Civil, que son los que suelen acompañar a los profesionales que “denuncian”.
Pero hay que tener presente que muchos controles no serán aleatorios, o lo que es lo mismo, que saldrán y que acudirán al primer lugar que vean, sino que se basarán en la información de la que dispongan. Por ello, el papel de la Guardia Civil en los pueblos y de los sindicatos serán determinantes, ya que orientarán las visitas. Comisiones Obreras ya lanzó el primer órdado al coger las cuentas del propio subdelegado y destapar una estimación de jornales en la economía sumergida. Tomó la estimación de peonadas que establece el propio aforo y las que calcula el Gobierno que se pagarán —habrá otras que las hará la propia familia, en teoría, de forma altruista—. Luego dijo que representan 3,4 millones de jornales. CC OO cogió los que se declararon el año anterior —en una campaña muy similar—, que fueron 1,6 millones y destacó que hay 1,8 millones de peonadas que se hacen sin dar de alta y que pasan por delante de las narices de la Inspección de Trabajo sin que se detecten y se sancionen. De ahí que el sindicato insista en que hay que mirar más allá de las “orillas” del mar de olivos y navegar para evitar pícaros y jefes sin escrúpulos que se aprovechan de los jornaleros.
Respecto a los trabajadores en activo, la sanción depende de la “fotografía” que vean los inspectores. Lo normal es que, pese a que tenga otra ocupación, hay que tener el alta. No obstante, si se trata de un fin de semana en el que se ve una imagen de una familia, tal vez, se deje pasar sin multa, aunque es un criterio subjetivo que se valorará allí mismo.