La Fundación Secretariado Gitano pide evitar "la persecución a familias gitanas en Castellar" 

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha solicitado a las  autoridades públicas evitar "la persecución a familias gitanas en  Castellar" tras los incidentes ocurridos recientemente en esta  localidad jiennense, al tiempo que ha recalcado que "corresponde a la  policía y a la justicia actuar con contundencia ante cualquier ataque  violento".  

27 ago 2014 / 17:29 H.

Así lo ha indicado este miércoles en un comunicado, en el que ha  afirmado que el día 19 tuvo lugar "una riña vecinal" que se saldó con  daños materiales y varias personas imputadas. "A esos hechos le  siguieron  manifestaciones vecinales no autorizadas, convocadas a  través de teléfonos móviles y redes sociales, pidiendo que varias  familias gitanas se marcharan del pueblo, al considerarlas  problemáticas", ha añadido.   Según ha continuado la fundación, las familias "abandonaron sus  viviendas y posteriormente una de ellas regresó", a lo que ha sumado  que "la vivienda de una familia gitana fue incendiada y algunos de  los miembros se sintieron acosados por los vecinos".   Por ello, ante estos "hechos que siguen las mismas pautas que  otros recientes ocurridos en Estepa (Sevilla) con culpabilización y  generalizaciones a toda la comunidad gitana, manifestaciones  vecinales convocadas a través de redes sociales para obligarles a  abandonar el pueblo e incendios en sus viviendas, ha reclamado "que  sean las autoridades públicas las que actúen y que se evite que los  vecinos ataquen o persigan a familias gitanas o quemen sus  viviendas".   "Este tipo de actuaciones no está justificada. Corresponde a la  policía y a la justicia actuar con contundencia ante cualquier ataque  violento", ha asegurado para agregar que esta clase de actos "podrían  ser constitutivos de delitos de odio racial étnico", ya que, "según  una reciente directiva europea, las circunstancias indican que se  identifica a las víctimas de estos ataques o linchamientos por su  pertenencia étnica".  

Además, ha expresado su "preocupación por la persecución a la  comunidad gitana en su conjunto y por asociar a toda la comunidad con  conductas que alteran la convivencia". Al respecto, ha destacado que  en un estado de derecho "la responsabilidad es individual y deben ser  la justicia y las fuerzas de seguridad las que actúen contra  individuos concretos ante situaciones que alteren el orden social".   Junto a ello, ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación  "para que eviten mencionar la etnia en este tipo de sucesos, ya que  con ello se contribuye a estigmatizar y criminalizar al conjunto de  la comunidad". La fundación, asimismo, ha enviado "un escrito de  queja al Defensor del Pueblo Andaluz y cartas a la Delegación del  Gobierno en Sevilla y una carta al alcalde de Castellar", Gabriel  González. JUICIO RÁPIDO   Mientras tanto, el suceso que ha dado lugar a esta situación se  abordó este martes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción  número dos de Villacarrillo, donde se plantearon diligencias urgentes  y tuvo lugar finalmente un juicio rápido y se dictó sentencia, según  fuentes judiciales consultadas por Europa Press.   En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se  considera probado que los seis acusados se dirigieron sobre las 21,00  horas del 19 de agosto al domicilio de un vecino "comenzando a causar  destrozos en la vivienda y en tres vehículos" por valor de "8.229,85  euros".

Además, agredieron y "causaron lesiones" al propietario de la  vivienda y a su hija "precisando ambos primera asistencia tardando en  curar dos días no impeditivos", así como a la esposa del hombre,  aunque "sin llegar a causarle lesión".   La juez entiende que son constitutivos de un delito de daños, de  dos faltas de lesiones y una falta de maltrato, según recoge 'Diario  Jaén' este miércoles. Por el primero, impone a cada uno de los seis  hombres una multa de 1.440 euros, mientras que por cada una de las  tres faltas 20 días de multa con una cuota diaria de seis euros.  Además, les prohíbe comunicarse por cualquier medio así como de  aproximarse a las tres víctimas y a su domicilio en un radio de 50  metros durante seis meses.   Junto a ello, condena a indemnizar solidariamente al matrimonio  con  8.229,85 euros por los daños, así como al padre y a la hija por  las lesiones con 60 euros en cada caso. Las partes manifestaron su  voluntad de no recurrir la sentencia, por lo que en el mismo acto se  declaró la firmeza de la misma.