La Fiscalía pide que se reabra el caso de Castellar
La responsable del área de Igualdad en la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, anunció que la Fiscalía de Delitos contra el Odio y la Discriminación solicitó al juzgado de Villacarrillo que reabra la demanda presentada por una familia de etnia gitana de Castellar por los hechos ocurridos el pasado 19 de agosto, que acabó con un enfrentamiento en el municipio. Lo hace después de que entidades no gubernamentales que forman parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano hayan pedido su colaboración. Según relató a este periódico, el fiscal les comunicó, ayer mismo, que ha pedido que se tome declaración a los implicados en los hechos, así como a las personas que firmaron el escrito que se envió al Ayuntamiento en el que se solicitaba que las familias de etnia gitana se marcharan del municipio. “Se investiga si los hechos son constitutivos de delito según el artículo 510 del Código Penal”, explicó Sara Giménez.
El artículo castiga con prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses a aquellos que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.
Mientras tanto, las organizaciones se mantienen en su postura de personarse en el caso concreto de esta familia de Castellar. En este sentido, Sara Giménez hizo hincapié en que justo después de que se produjeran los enfrentamientos, a mediados de agosto, se realizó un juicio rápido y condena contra varios miembros de esta etnia por daños materiales y lesiones a una familia no gitana por la “riña vecinal” que desencadenó los posteriores incidentes. Después de reconocer que está “totalmente adecuado”, reclamó “igualdad procesal y que cuando la víctima sea gitana se responda con la misma contundencia”. “Se convoca por redes sociales y Whatsapp una manifestación sin autorización, con violencia verbal reflejada en insultos y amenazas que luego se ejecutó, porque, por ejemplo, se llegó a quemar parte de una casa. Se interpuso una denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil y con ella no se busca a los posibles autores”, lamenta, para señalar que “la Subdelegación ha abierto expedientes” sobre la participación de personas en esa manifestación que no se había comunicado.
El Consejo Estatal del Pueblo Gitano solicitó a las autoridades públicas que pongan todos los medios para evitar hechos de este calibre. “Este tipo de acciones en las que los vecinos se toman la justicia por su mano no está justificadas en ningún caso ya que solo corresponde a la Policía, y a la Justicia actuar ante alguna sospecha de delito”, denunció la organización después de la asamblea convocada para analizar el caso.