La Fiscalía pide imputar al alcalde de Guarromán por malversación
La Fiscalía recibió el 22 de noviembre una denuncia del PP, que sospechaba que se había empleado de forma inadecuada una ayuda de 440.000 euros, entregados al Ayuntamiento de Guarromán. El alcalde, el socialista Antonio Almazán, está imputado en el caso que los populares vinculan al 'fondo de reptiles'.
'El fondo de reptiles y el PSOE jiennense están muy vinculados”. Es una de las conclusiones del diputado autonómico del PP, Miguel Contreras. Su tajante afirmación se basa en la decisión de la Fiscalía de Jaén de admitir a trámite la denuncia que presentaron este político y la presidenta de los populares de Guarromán, María del Carmen Caballero, política que también es la portavoz en esta Corporación Municipal. El dictamen de la Justicia implica la apertura de la fase de diligencias previas del caso, que pasa a los juzgados de Linares y por el que, por el momento, ya está imputado el alcalde guarromanense, el socialista Antonio Almazán. Contreras y Caballero trasladaron a la Fiscalía sus sospechas sobre el empleo de una ayuda de 440.000 euros que recibió el Ayuntamiento del municipio, dinero que, al parecer, no se destino al fin previsto, sino que fue a parar, en parte, a tres empresas del pueblo. En concreto, según el escrito que firma el fiscal jefe Carlos Rueda, las beneficiarias fueron la Cooperativa Guarremanense, “Ecisur” y “Nuevas Poblaciones”. Los hechos se remontan a noviembre de 2008, cuando la Administración local firmó un acuerdo con la Junta y la agencia IDEA.
El casi medio millón de euros que recibió el Ayuntamiento era fruto de un convenio de colaboración con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo e IDEA. Este trámite fue encargado, según el popular Contreras, al que era concejal de Empleo entonces en Guarromán, Francisco García, conocido como “Paquillo”, vinculado, supuestamente, según el PP, a la trama de desvío de fondos de la partida 31L, el conocido como “caso de los ERE”. El destino original de los 440.000 euros era la ejecución de acondicionar los antiguos invernaderos para que pudieran ser explotados. Sin embargo, según el escrito judicial, el 27 de febrero de 2009, un decreto de Alcaldía carga con cargo a este convenio las cantidades que se destinan a las cooperativas, con ingresos que van de los 6.889,17 euros a los 70.016,50 y, que, en total, supone unos 110.000 euros. La justificación es que estas sociedades precisaban el respaldo económico municipal. Gracias a estas inyecciones municipales se saldaron las deudas que las empresas mantenían con la Comunidad autónoma, previa transferencia a la Diputación que realizó el ingreso a las arcas de la Junta.
La responsable del PP guarromanense recordó que, en febrero de 2013, el Consejo Consultivo de Andalucía declaró nulo el acuerdo entre Empleo, IDEA y el Ayuntamiento. En un dictamen, afea que no cumpla con los procedimientos legales necesarios. De hecho, es el propio Gobierno andaluz el que reclama el dinero a la Administración local después de esta resolución.
Los populares aseguraron desconocer el destino de los 330.000 euros que no se destinaron a las cooperativas y reclaman responsabilidades a los socialistas, por este caso y porque, critican, tiene relación con el desvío de fondos para el empleo del Gobierno andaluz. Poco después de conocerse las conclusiones del Consejo Consultivo, Francisco García dejó su cargo de concejal.
José Rodríguez Cámara /Jaén