La Fiscalía alerta de la 'casi nula' colaboración ciudadana para denunciar los graffitis en el patrimonio

La Fiscalía Superior de Andalucía alerta en su Memoria Anual  correspondiente al año 2010 de la 'casi nula' colaboración ciudadana  para denunciar la realización de grafittis en el patrimonio histórico  de las provincias andaluzas, una delincuencia que considera  'agresiones sistemáticas y absurdas' que sólo consisten en 'actos de  exhibicionismo gráfico'. 

    24 jun 2011 / 16:28 H.


    De hecho, incide que las pintadas en los monumentos o Bienes de  Interés Cultural (BIC) pueden tener un "equivocado signo  reivindicativo" que no ampararía la libertad de expresión y que  "carecen de cualquier sentido estético relevante". 
    "Cuando esta agresión se produce sobre bienes culturales que ya  tienen suficientes dificultades, en muchas ocasiones, para permanecer  y mantenerse en pie, su existencia sólo desautoriza al grupo que las  rubrica que empobrece su mensaje atacando intereses colectivos de  signo marcadamente social que deben ser perseguidos de forma  proporcionada por el derecho pena", señala el Ministerio Público en  su memoria, consultada por Europa Press.
    En el apartado dedicado al Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio  Histórico, la memoria recoge en el capítulo dedicado a los grafitos,  un informe realizado por la Unidad Adscrita de Policía Judicial a la  Fiscalía Superior, con la colaboración de Policía Nacional, Guardia  Civil, Policía Local de Granada y la Delegación de Cultura de la  Junta de Andalucía. 
    En el documento, que en próximos ejercicios se hará extensivo a  otras ciudades históricas de Andalucía, se recoge la situación en la  que se encuentran los 74 BIC con los que cuenta la capital granadina.  Según el estudio realizado, el 64,86 por ciento de los BIC granadinos  sufren graffitis, un porcentaje que sube hasta el 75 por ciento si  sólo se tienen en cuenta los monumentos que son susceptibles de ser  pintados.
    Del total de los 74 BIC de Granada, 48 presentaban pintadas en  2010, 18 de ellos ya desde el año anterior, y 30 no sólo no fueron  reparados en su totalidad sino que aumentó el número de graffitis en  sus muros. Además 24, que ya fueron reparados, han vuelto a ser  pintados, si bien solamente se han producido tres denuncias. 
    Por ello, la Unidad Adscrita concluye que se siguen sin denunciar  numerosas agresiones a los BIC, por parte de sus titulares, por los  responsables de su gestión o por otros organismos o instituciones  "que nada comunican a las autoridades policiales". Esta situación  hace que no exista una estadística criminal que sea una imagen fiel  de las agresiones con relevancia penal sufridas por el Patrimonio  Histórico.
    Además, los daños que causan los grafitos siguen siendo de una  cuantía muy elevada, sumando a ello los "irreparables daños  patrimoniales en su vertiente cultural". De hecho, existe un  porcentaje "escandaloso" de los BIC afectados por grafitos y un  porcentaje "preocupante" de BIC que han sido nuevamente grafiteados.
    Pese a todo, "no se planifican actuaciones conjuntas de las  diversas administraciones para prevenir este tipo de delincuencia", aunque si el BIC está  protegido con medios personales o materiales, desciende notablemente  la agresión.
    Por ello, la Policía Judicial realiza una serie de propuestas de  actuación que son plenamente compartidas por el fiscal superior de  Andalucía, consistentes en: La elaboración de un protocolo de  actuación siguiendo las directrices marcadas por la Fiscalía Superior  de la Comunidad Autónoma en su Memoria del año 2009, con el objetivo  de unificar y esclarecer determinados puntos en las actuaciones de  los cuerpos de seguridad competentes; y el seguimiento por parte de  esta Unidad Adscrita actuando de coordinadores entre los diferentes  cuerpos policiales para una mayor efectividad en la prevención y  persecución de esto delitos, así como el seguimiento de los hechos  denunciados.
    Además, propone intensificar la coordinación entre las  Instituciones y Cuerpos policiales; citar a los propietarios de los  BIC, para informarles de las irregularidades localizadas, con el  objetivo de que las mismas sean subsanadas en tiempo razonable; que  por los Organos competentes se inste a las diferentes  administraciones públicas al control en el desarrollo de actividades  que puedan resultar perjudiciales para la conservación de los BIC,  tales como la concesión de licencias de restauración en espacios  protegidos o entornos de BIC; establecer con ocasión de  concentraciones multitudinarias dispositivos policiales en las zonas  por donde transiten tales concentraciones y puedan verse afectados  Bienes de Interés Cultural; o dotar a los BIC de medidas de seguridad  estática.