La Fiscalía acusa a trece personas en el marco de la operación Ferrari

El Ministerio Público solicita condenas que suman más de cuarenta años de cárcel y multas por valor de 27.500 euros, según se desprende del escrito de acusación provisional al que ha tenido acceso Diario JAEN. El escrito, firmado por la fiscal Trinidad Cerezo, ya se encuentra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén, donde tiene que celebrarse el juicio por una de las mayores operaciones policiales contra el tráfico de droga desarrolladas en la provincia en los últimos años. Lo llamativo de esta investigación del Instituto Armado no fue la cantidad decomisada de sustancias estupefacientes. Apenas se intervinieron 20 gramos de cocaína y unos seis kilos de marihuana. Lo más importante fue, sin duda, el desmantelamiento de dos florecientes organizaciones que, presuntamente, se habían hecho con el negocio del menudeo en Baeza. Eran dos grupos perfectamente estructurados que, según se desprende de las investigaciones, habían establecido contactos con otras bandas también dedicadas al trapicheo de drogas a pequeña escala en la provincia.
El escrito de acusación de la Fiscalía relata que la operación Ferrari comenzó a finales de julio de 2011, cuando el juez de Baeza autorizó “pinchar” los teléfonos de dos de los acusados, dos jóvenes baezanos. Durante meses, los agentes del Instituto Armado escucharon decenas de conversaciones de esos dos procesados. Poco a poco, fueron reuniendo evidencias que demostraban que los implicados no eran “camellos” de poca monta que vendían de forma puntual, sino que formaban parte de un grupo perfectamente organizado compuesto por varias personas más. De hecho, el fiscal relata que las tareas estaban repartidas: había cultivadores caseros de marihuana, “muleros” o transportistas, “lanzaderas” y “aguadores” —dedicados a avisar de la presencia de agentes de la Guardia Civil o de la Policía— y personas dedicadas directamente a suministrar la dosis diaria al consumidor, bien de marihuana bien de cocaína.
El 20 de agosto, la investigación del Instituto Armado dio sus primeros resultados. Uno de los cabecillas, el baezano Gabriel José R. M., viajó desde su pueblo a Linares para comprar un porte de “farlopa”, según explica el fiscal. Previamente, uno de sus colaboradores habían ingresado 1.400 euros en la cuenta bancaria que su suministrador, el linarense José Luis L. M., le había indicado. Los agentes de la Guardia Civil sabían que se iba a producir la entrega y montaron un dispositivo para interceptar a los “camellos”. Sin embargo, el grupo había tomado sus precauciones. Dos de los implicados viajaban en coches lanzaderas por delante del vehículo que llevaba la cocaína para alertar de cualquier control. El Ministerio Público relata que avisaron a Gabriel José R. M. de que la Guardia Civil lo estaba esperando, por lo que el jefe se deshizo de los 20 gramos de polvo blanco que había comprado en Linares. Los escondió debajo de una piedra en un olivar cercano a Baeza, donde fue recuperado por los investigadores. Rafael Abolafia / Jaén Más información en nuestra edición impresa