La firma Linaqua exige a la Junta los impagos de vecinos de El Cerro
La firma Linaqua reclama a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía los impagos de vecinos de la barriada de El Cerro, lo mismo que hizo, hace unos meses, con los de Arrayanes. “La empresa nos ha avisado del corte en esa zona, cuyas viviendas se construyeron precisamente a petición del Ayuntamiento para eliminar el chabolismo, que gestionó las personas que las tenían que ocupar, y ahora nos dicen a nosotros que paguemos”, afirmó el gerente, José Luis Rodríguez.
A este respecto, recordó que, según el informe del servicio de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta, las reclamaciones y amenazas de corte del suministro se tienen que realizar por la vía administrativa y con comunicación al consumidor. “Si se dan los casos en los que se produzca sin avisar, los vecinos tienen el derecho de irse al Juzgado y denunciar la situación”, recordó Rodríguez.
En las viviendas de Arrayanes, aseveró, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jaén ha citado, además de a la Empresa Pública de Suelo, al Ayuntamiento por la reclamación de la deuda, con lo que entiende que es parte implicada. Le ha solicitado el traspaso de la vía administrativa a la civil porque se trata de una reclamación a particulares, con lo que la Administración no está implicada y tendrá que ir ciudadano a ciudadano.
En lo que respecta al estudio y acciones sociales para regularizar la situación en Arrayanes, afirmó que, a día de hoy, tan solo queda pendiente la constitución de entre cuatro y cinco comunidades de vecinos. “Cuentan con un proceso más complicado, por lo que iniciaremos un trabajo de campo con el objetivo de finalizar en septiembre”, explicó. Por otro lado, son 118 las familias que han regularizado la situación del suministro. Mañana mantendrá una reunión con el presidente del Patronato de Bienestar Social, Luis Moya, con el objetivo de que con los servicios sociales comunitarios se trabajen las rutas e hitos marcados para formalizar esos contratos. “Lo más curioso del caso es que se trata de promociones de 1986-1989, y hemos encontrado vecinos que no sabían que tenían que contratar el agua. Nuestra obligación era facilitar la vivienda pero, y el Ayuntamiento, ¿cómo ha prestado el servicio?”, se cuestionó.