La falta de seguro echa por tierra la inspección gratuita de edificios
Casi seis meses después de que concluyera el programa de inspección técnica de edificios (ITE) gratuito promovido por el Ayuntamiento con cargo al plan Emple@Joven de la Junta de Andalucía, hay interrogantes que no tienen respuesta. El número de familias solicitantes, las viviendas visitadas, las patologías detectadas en los inmuebles y, sobre todo, los informes han sido desfavorables son las principales preguntas. Pero ni del Patronato de Asuntos Sociales, ni del Palacio municipal salen ni una palabra.
Nadie habla de un programa ejecutado con dinero público que tenía por fin ayudar en un trámite por el que, obligatoriamente, han de pasar los edificios con más de 50 años de antigüedad a las decenas de personas y familias con escasos recursos que hay en la ciudad. Sin embargo, basta con darse un paseo por Santa Isabel, La Alcantarilla o San Juan para, sin escarbar demasiado, encontrar la explicación de este silencio institucional: ninguna de las familias beneficiarias de este programa tiene el informe con los datos de la inspección de su vivienda. Ninguna está firmada. Y el motivo es que los 8 jóvenes de entre 18 y 29 años contratados por el Ayuntamiento con cargo a esta iniciativa no se atrevieron a estampar su rúbrica en estos documentos sin la garantía de un seguro de responsabilidad civil.
Esta cobertura se les negó por ser trabajadores temporales en un polémico acuerdo al que el entonces concejal de Personal y actual parlamentario andaluz, Miguel Ángel García Anguita, llegó con los sindicatos con representación en el Ayuntamiento. Con el argumento de la austeridad, en septiembre de 2014, se dejó al margen de las ventajas sociales y económicas que contempla el convenio colectivo para los trabajadores municipales a los 220 jóvenes que se contratarían, por 6 meses, con cargo al plan de la Junta.
Aquella negociación echa ahora por tierra los frutos de un programa social gracias al cual, a principios de abril, se habían visitado más de medio centenar de edificios.
Nadie habla de un programa ejecutado con dinero público que tenía por fin ayudar en un trámite por el que, obligatoriamente, han de pasar los edificios con más de 50 años de antigüedad a las decenas de personas y familias con escasos recursos que hay en la ciudad. Sin embargo, basta con darse un paseo por Santa Isabel, La Alcantarilla o San Juan para, sin escarbar demasiado, encontrar la explicación de este silencio institucional: ninguna de las familias beneficiarias de este programa tiene el informe con los datos de la inspección de su vivienda. Ninguna está firmada. Y el motivo es que los 8 jóvenes de entre 18 y 29 años contratados por el Ayuntamiento con cargo a esta iniciativa no se atrevieron a estampar su rúbrica en estos documentos sin la garantía de un seguro de responsabilidad civil.
Esta cobertura se les negó por ser trabajadores temporales en un polémico acuerdo al que el entonces concejal de Personal y actual parlamentario andaluz, Miguel Ángel García Anguita, llegó con los sindicatos con representación en el Ayuntamiento. Con el argumento de la austeridad, en septiembre de 2014, se dejó al margen de las ventajas sociales y económicas que contempla el convenio colectivo para los trabajadores municipales a los 220 jóvenes que se contratarían, por 6 meses, con cargo al plan de la Junta.
Aquella negociación echa ahora por tierra los frutos de un programa social gracias al cual, a principios de abril, se habían visitado más de medio centenar de edificios.
