La existencia del fondo para sentencias se conoció en junio

Desde el PSOE a Jaén en Común (JeC), pasando por Ciudadanos (C’s), las tres formaciones se quejaron de desconocer la relación de 400 sentencias que quería remitirse al Ministerio de Hacienda y se dolían de que se les hubiera “ocultado” la información sobre un fondo del que se tenía noticia desde hacía una semana. Concretamente, desde el 6 de julio. Esa fue la fecha de la notificación oficial. Pero, tres semanas antes, la Federación Española de Municipios y Provincias ya había comunicado a los ayuntamientos la existencia de esta disposición adicional a la Ley Orgánica 6/2015.

Lo hizo a través de una circular a la que tuvo acceso este periódico en la que se les informaba de que esta medida, “introducida como enmienda en el Senado” —en el que el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, ocupa un escaño—, posibilitaría la ejecución de sentencias firmes a las entidades locales. Sin embargo, durante el debate plenario, el munícipe negó saberlo. “El ministro es del PP. ¡Usted tiene galones en su partido! ¿Me va a decir que oficiosamente no le han dicho por teléfono que se iba a abrir un plan de este calado?”, le espetó la socialista Mercedes Gámez, que criticó la “ocultación” del listado de sentencias por falta de tiempo suficiente para elaborarlo y porque la Ley de Protección de Datos impedía entregarlo. La respuesta de Fernández de Moya fue que adelantarse a algo de lo que se carecía notificación hubiera sido “prevaricar”.

Finalmente, tras un bronco debate, el PP logró sacar adelante, en junta de gobierno, lo que el pleno le negó. Una situación que el portavoz municipal del PSOE, Manuel Fernández Palomino, reprobó ayer: “Cuesta entender cómo quien tiene tablas para gobernar solo quiera demostrarlo en pleno con mayoría absoluta y si no, acudir a la fórmula de la junta de gobierno en lugar de al diálogo con transparencia”. En un comunicado, en el que instó al alcalde a sentar cuanto antes a los grupos políticos a una reunión para “cerrar la hoja de ruta del rescate que necesita el Ayuntamiento”, el socialista se mostró “preocupado” por la reforma que el PP introdujo, en 2013, de este órgano de decisión. Lamentó que lo dota de atribuciones que pueden afectar a la calidad democrática del Ayuntamiento.

La “necesaria” implicación de la Junta

Después de que el PSOE lanzara, en un comunicado, la necesidad de diseñar el “rescate” del Ayuntamiento antes de que el Gobierno apruebe los Presupuestos Generales del Estado, la teniente de alcalde y portavoz del equipo de Gobierno local, Reyes Chamorro, respondió en otro: “Estamos encantados y consideramos imprescindibles cuantas reuniones sean necesarias para trabajar de manera conjunta para resolver la situación del Ayuntamiento, pero lo que esperamos es que el PSOE venga a estas reuniones con medidas para exigir a la Junta que lo ayude, tal y como hace el Gobierno de España”.

Según Chamorro: “Es necesario que todas las administraciones públicas se tomen en serio a la ciudad y colaboren con el Ayuntamiento”. No basta —dijo— con la del Gobierno. “Necesitamos también la implicación de la Junta y de la Diputación Provincial”, defendió la primera teniente de alcalde, que agregó: “Estamos esperando que el PSOE pase del postureo y de las declaraciones de intenciones a los hechos”. “Mientras se dedica a hacer declaraciones de intenciones a base de postureo y a votar en contra de medidas tan importantes como el pago a proveedores o el de sentencias [del miércoles], este equipo de Gobierno sigue trabajando para que el Ayuntamiento pueda acogerse a estas medidas del Gobierno”. Recalcó que todas ellas han supuesto “un balón de oxígeno” de 323 millones de euros. Lamentando el “no” del PSOE al pago de 63,2 millones de euros en sentencias firmes, instó a la oposición a reunirse con las 400 personas físicas o jurídicas que cobrarán lo que el Ayuntamiento les adeuda desde hace —en alguno casos— hasta dos décadas.