La “especulación” no acecha al suelo quemado en Quesada

Y es que, para muchos, no es una coincidencia que, poco después de que el Gobierno haya abierto la puerta a recalificar el uso del suelo quemado cuando “se den razones imperiosas de interés público de primer orden”, las llamas se ceben con el país. El mayor incendio en lo que va de año en la provincia, que quemó unas diez mil hectáreas de los términos de Quesada, Huesa y Cabra, aunque fruto de una tormenta eléctrica en la que nada tuvo que ver la mano del hombre, también hace pensar mal a aquellos que están en contra de la “especulación”.

En 2006, se cambió la legislación para que no se pudiera construir en áreas afectadas por el fuego en los siguientes 30 años, un freno para aquellos que pretendan calcinar la sierra para, por ejemplo, levantar un complejo turístico o un campo de golf. La Junta de Andalucía está en contra de levantar el veto, un seguro para evitar usos que choquen con el respecto al entorno. El alcalde quesadeño, Manuel Vallejo Laso, muestra su satisfacción por esta postura autonómica, aunque va más allá y, en el caso del monte quemado en su pueblo en julio, afirma tajante que la Administración local pondrá todos sus medios para frenar operaciones que solo busquen los réditos económicos. Lo tiene fácil el Gobierno local puesto que, como deja claro el máximo responsable municipal, el 98% de la superficie calcinada es de titularidad municipal. Solo contemplan proyectos que puedan recuperar el monte perdido y que aporten beneficios medioambientales a la zona, siempre, alejados del ladrillo. El regidor de Cabra, José Rubio Santoyo, sostiene que en el caso de su municipio también es complicado que se recalifique.

En Huesa, el alcalde, Ángel Padilla, deja claro que el cambio normativo que impulsa el Ejecutivo central no tendrá éxito en la comunidad autónoma andaluza, por la negativa del Gobierno regional. El suelo afectado en su municipio es suelo público, montes de propiedad municipal que están consorciados con la Junta de Andalucía.