La directora provincial del INEM es imputada por "prevaricación"

El polémico caso del director del INEM de Cazorla, que originó una protesta en la capital para pedir su traslado se agrava en los tribunales. Dos trabajadores lo denunciaron por acoso laboral y ahora se suman dos imputados: la directora provincial del INEM, por prevaricación administrativa, y el subdirector de Prestaciones, por encubrimiento.

    02 jun 2013 / 08:50 H.

    Los hechos se sitúan en la oficina del Servicio Público de Empleo de Jaén en Cazorla. Por un lado, un grupo de vecinos, constituido en plataforma, comenzó una recogida de firmas para conseguir el traslado del director de la sede, Fernando M. R., tras numerosas quejas y “trato humillante”. El pasado enero se manifestaron en la capital, frente al INEM provincial de la Plaza de San Francisco. Por otro, dos de los empleados de la oficina lo denunciaron, en noviembre de 2012, por “acoso moral”. Es esta última vía la que, ahora, arroja novedades.
    Se trata de dos nuevas imputaciones, según consta en un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cazorla. La primera, por “presunta prevaricación administrativa”, recae sobre la directora provincial del Servicio Público de Empleo, Carmen Fernández de Liencres de la Torre. La segunda, por un presunto “encubrimiento”, es para el subdirector de Prestaciones del mismo organismo, Ricardo Quesada Rodríguez. El documento judicial data del pasado abril. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno confirmaron la imputación de los dos directivos, aunque resaltaron la desvinculación respecto al “mobbing” como tal.
    Según uno de los denunciantes, la instrucción del caso va por buen camino y queda, ahora, que los dos nuevos imputados declaren ante el juez. “A nosotros nos han roto la vida. Hemos recibido amenazas y presiones”, lamenta la víctima del presunto acoso laboral. “Están intentando tapar y tergiversar”, añade el trabajador público, que permanece de baja mientras el director denunciado sigue, por contra, al frente de su oficina. El demandante subraya lo extraordinario del caso, ya que el “mobbing” suele “ir por lo Social” pero, dada la gravedad, este lo hace vía penal. Algunos vecinos afectados, por su parte, estudian elevar sus quejas hasta el Defensor del Pueblo.
     Antonio Heras / Jaén