La Diada
FERNANDO CUESTA GARRIDO desde Vitoria. La Diada se ha convertido en una fecha reivindicativa para solicitar la independencia. Una fecha clásica para el nacionalismo catalán donde sus aspiraciones secesionistas se plasman claramente. Las pancartas que pasean por las calles de Barcelona lo señalan sin duda. Todo ello lleva a un sector de la clase política catalana a servirse de los sentimientos de las personas para colocarse enfrente del resto del país y señalarlos como enemigos de Cataluña.
La falta de responsabilidad de los políticos nacionalistas es muy posible que a todos los ciudadanos nos pase factura y, en especial, a los catalanes. Una de esas facturas es su incompetencia para gestionar la comunidad que está siendo colocada en el camino de la ruina. Su morosidad llega al menos a los 4.000 millones de euros. Una cantidad que significa despilfarro observando a que se ha ido dedicando el dinero de todos los ciudadanos, catalanes y no catalanes. Lo realmente preocupante de esta actuación nacionalista es la imagen que, como nación, estamos proyectando al exterior. Cuando verdaderamente se necesita que todos aunemos esfuerzos, para emerger de una situación grave, en el aspecto económico, una parte del país pretende abrir “una vía de agua” que nos puede traer a todos consecuencias irreparables. La multitudinaria manifestación, del día 11 de septiembre de este 2012, debería llevar al Gobierno nacionalista catalán a ser consecuente. Convocar elecciones para comprobar si realmente los catalanes apuestan por la independencia. Artur Mas debe ser valiente y llamar democráticamente a los ciudadanos a las urnas. Sin olvidar decir su objetivo de independencia. Lo que puede suponerles es decir el coste real por apartarse de España, por ser una nación independiente. Sería muy interesante que supieran que la independencia de Cataluña la colocaría fuera de la UE. La moneda, el euro, ya no pasaría de mano en mano en Cataluña. La banca colocaría su centro fuera de tierras catalanas, las pensiones no serían costeadas por la Seguridad Social española, lo que generaría un serio problema. Además, el sector inmobiliario, entre otros sectores, sufriría de forma muy especial la secesión. La deriva nacionalista ha de ser contrarrestada por la sensatez y la firmeza del Gobierno de la nación. Con la legalidad vigente se debe colocar a cada uno en su sitio. La legislación vigente es el mejor instrumento para contrarrestar la ensoñación de los nacionalistas.