La defensa de Roca dice que no se movía 'nada' si no lo decía Gil y pide que se concrete la instrucción

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga acogió hoy el inicio  de la vista sobre los recursos presentados por 62 imputados contra el  auto de procesamiento dictado en julio de 2007 por el anterior  instructor de la causa, Miguel Angel Torres, contra 86 personas,  después de que el actual juez encargado del caso, Oscar Pérez,  desestimara los recursos de reforma. Álvarez intervino el primero y pidió que se revoque un auto que,  según dijo, "se dictó con tanta premura" que entonces quedaban otros  recursos pendientes de resolver. En su exposición hizo referencia a  que se dice de forma "machacona" en dicha resolución que Roca  diseñaba el planeamiento cuando "lo diseñó Jesús Gil". "Juan Antonio  Roca Nicolás en ningún momento diseñó ni desarrolló ni ordenó que se  aplicase un plan u otro", apuntó. Asimismo, negó otras afirmaciones recogidas en el auto sobre su  cliente, como que urdió la moción de censura contra el entonces  alcalde Julián Muñoz y que dio dinero a los concejales. Asimismo, el  letrado recalcó que Roca no era político, por lo que "mal podía  dirigir" e incidió en que no hay resoluciones ni actas firmadas por  éste, ni aparecía en los plenos. También hizo hincapié en que todos los procesados fueron detenidos  y en que en ese momento se produjeron "confesiones interesadas con un  fin claro, que se inculpara a Roca" por la "presión" de estar 72 horas arrestados; mientras que, según dijo, posteriormente, en otras  declaraciones, ningún edil reconoció haber recibido dinero de él ni  haber órdenes para aprobar resoluciones. Añadió que no se le ha preguntado a Roca de quién son las  iniciales o acrónimos que aparecen en unas anotaciones, utilizadas  por la Policía para hacer imputaciones, y criticó que "hemos estado  sometidos a juicios de valor en los informes, luego arrojados en  resoluciones judiciales". El abogado pidió que se concreten las fechas en que se cometieron  los delitos, sobre todo el blanqueo, al considerar que "estamos en el  limbo judicial y es importante al efecto de las prescripciones" y  también los importes del supuesto perjuicio económico y del valor de  los cuadros intervenidos, a la hora de determinar la responsabilidad  civil, que fue fijada en 1.000 millones de euros. En este sentido, dijo que todas las sociedades de Roca "tienen  sustancialidad real y no son ninguna fachada", hasta el punto de que  los bancos les concedían préstamos. Además, apuntó que los 120  millones de euros en los que el auto cifra el patrimonio de su  cliente se corresponden "con el pasivo, no con el activo". Por su parte, el letrado Ignacio Prieto, que intervino en nombre  del ex alcalde Julián Muñoz, hizo referencia a afirmaciones del auto  recurrido sobre el poder de Roca en el Ayuntamiento y la organización  de la moción de censura y concluyó que Muñoz no formaba parte de la  organización ni del entramado del presunto cerebro de la trama, por  lo que "no firmó convenios para favorecerle". Prieto señaló la falta de motivación del auto y de "claridad y  precisión" a la hora de concretar delitos y relacionarlos con los  hechos, algo en lo que coincidieron los abogados que expusieron hoy  su recurso, cuestionando el "maremágnum" de investigación del caso, que se prolonga ya más de tres años y que, según el letrado Pablo  Luna, en representación de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, se ha  realizado "a espaldas" de las defensas. En este sentido, Luna dijo que la instrucción ha sido "un proceso  trabajado en la intimidad del juzgado a espaldas de los procesados".  Las defensas lamentaron que se les haya dicho que "no es el momento  procesal" para pedir la nulidad del procedimiento, considerando que  existe una "clara" vulneración de derechos "fundamentales y  constitucionales". Así, Ernesto Osuna, letrado del ex edil Rafael González, incidió  en la dificultad de los letrados para intervenir en la instrucción y  dijo que se ha aplicado "el derecho penal del enemigo en delitos en  los que no había justificación para ello". Añadió que, además, se ha  pretendido "finalizar la investigación antes de que intervinieran las  defensas para que no den la lata", lo que ha llevado a "errores de  bulto". También lamentaron la precipitación a la hora de dictar el auto y  consideraron que los acrónimos son suficientes para iniciar la  investigación, pero afirmaron que no se han corroborado con otras  pruebas, por lo que en algunos casos esas anotaciones son "lo único"  para el procesamiento, según dijo el letrado, Hipólito Marín, que  representa a la ex edil María José Lanzat. Asimismo, criticaron que las imputaciones son de forma "coral y  genérica" en cuanto a los ex ediles y se preguntaron cuáles de las  declaraciones de éstos son válidas, si las primeras, cuando fueron  detenidos, en las que muchos reconocieron recibir dinero, pero que  "no fueron sometidas a contradicción", o las indagatorias, en las que  negaron las imputaciones. Además, alegaron la "conexidad absoluta"  con el caso Saqueo II y la competencia de la Audiencia Nacional. Está previsto que entre mañana y el miércoles continúe la vista  con la exposición de los recursos de otros tres ex ediles de  Marbella, mientras que el jueves y el viernes se defenderán los  presentados por empresarios, entre los que se encuentran los  responsables de Aifos, Rafael Gómez Sánchez, José María González de  Caldas y Tomás Olivo.