La defensa de Muñoz niega que recibiera pagos de Roca

La defensa del ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz ha  asegurado este martes que "ofende al sentido común" sostener que su  cliente recibió dinero del presunto cerebro de la trama de corrupción  en el Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Roca, tras la moción de  censura, y ha apuntado que de ser ciertos esos pagos "este señor  sería un hazmerreír" en un supuesto "ranking de corruptos".

    05 oct 2010 / 17:16 H.

    En la cuarta sesión del juicio por el caso 'Malaya', contra la  presunta corrupción en el municipio de Marbella, el abogado Javier  Saavedra ha afirmado que de ser ciertos esos pagos por los que se le  acusa a su cliente "es el alcalde corrupto más barato de España". "Si  coges la lista de corrupciones y ves las cantidades, este señor sería  un hazmerreír en ese ranking de corruptos", ha apuntado.

    El letrado se ha preguntado si "es creíble" que en 2002 se firme  un convenio y "Roca pague a plazos a Muñoz y el último se pague cinco  meses después de, según los informes de la Udyco y el auto de  procesamiento, preparar la moción contra Muñoz y de que Muñoz y el  señor Gil --en referencia al ex alcalde Jesús Gil-- se tiren los  trastos a la cabeza".

    "Es que don Juan Antonio Roca y don Julián Muñoz son unos  malversadores, pero eso sí, de una honestidad entre ellos que es  entusiasmante, porque después de que nos hemos peleado, te he echado  del Ayuntamiento, te he preparado una moción de censura, nos hemos  insultado, pero los 12.000 euros, soy un caballero y te los doy", ha  ironizado Saavedra.

    En este sentido, ha añadido que esto "ofende al sentido común, es  llamarnos imbéciles o por lo menos al que ahora está en el uso de la  palabra". Ha precisado que "una pelea política del calibre que había  en Marbella en 2003 da la certeza absoluta de que sería imposible ese  pago", del que ha dicho, además, "no está refrendado por ningún  movimiento bancario".

    El abogado ha manifestado que cree en la inocencia de todos los  procesados y sobre todo de su cliente, porque "todo lo que me ha  dicho ha sido veraz y cierto", al tiempo que ha considerado que "los  derechos fundamentales son irrenunciables". Ha cuestionado la  detención de Muñoz y ha pedido la nulidad del auto de prisión, tras  analizar los argumentos del instructor para dictarlo.

    Así, respecto al riesgo de fuga, ha explicado que cuando empieza  la operación 'Malaya', en marzo de 2006, su cliente está en  Argentina, un país "con limitaciones" en los tratados de extradición,  "pero vuelve, fíjense el temor que tenía". También ha cuestionado  "qué pruebas puede destruir" y se ha preguntado "cuáles son los  indicios para decretar la prisión".

    Ha apuntado que "hay la declaración de un contable de Roca que  dice simplemente que la abreviatura J.M. intuye que es Julián Muñoz,  pero que no lo puede asegurar". "Con eso es suficiente para decretar  la prisión de alguien durante 14 meses", ha lamentado y ha añadido  que el principal imputado, "el jefe como dice la Udyco" --Roca--,  cuando se le pregunta "dice que no corresponde" a él.

    Asimismo, ha criticado la falta de concreción en el escrito del  fiscal sobre los delitos de los que le acusa y ha apuntado que  aportará documentación sobre la supuesta falta de imparcialidad del  instructor. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el ex alcalde  marbellí 10 años de prisión y multa de 400.000 euros por los delitos  de cohecho pasivo, malversación y prevaricación administrativa.

    Este letrado ha expuesto también en representación del marchante  de arte Jean Leopold Alfred Fournet y ha asegurado que la actividad  de su cliente en España es la decoración, indicando que "casualmente"  el desarrollo del Real Decreto de Blanqueo de Capitales "no indica"  que las casas de decoración tengan que informar al Servicio Ejecutivo  de Prevención contra del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

    En este sentido, se ha cuestionado qué relación tienen los 95 que  están acusados y ha señalado que "sólo que trataban con Juan Antonio  Roca y, en algunos casos, alguna secretaria se le ocurrió poner la  inicial". Además, ha recordado que en 1991 "por Marbella pasaron  jueces, fiscales, policías, de todo, hasta que en 2005 se dieron  cuenta de que aquello era un pozo sin fondo de corrupción".

    DETENCIONES Y EL TRIBUNAL

    Detenciones de una "extraordinaria crueldad" y que casi "arrancan  la vida" de los procesados o situaciones vividas que "se aproximan a  la tortura" han sido algunas de las manifestaciones hechas por las  defensas de acusados como José Avila Rojas, Carlos Sánchez o Ursula  Quinzano, alegando la mayoría de los letrados intervinientes en esta  sesión vulneración de derechos y solicitando nulidades.

    Ante estas manifestaciones, el presidente del Tribunal, José  Godino, ha tenido que llamar la atención, al considerar que los  términos utilizados "no son correctos" y que "no se puede hablar de  tortura en este tipo de declaraciones". "Tendrán irregularidades de  otro tipo o podrá haberse cometido alguna incorrección, pero hablar  de tortura es excesivo", ha añadido.

    Tras el receso, el Tribunal también ha advertido que se acordaría  la detención e ingreso en prisión del procesado José María Mellado si  no estaba presente en el juicio antes de finalizar la sesión.  Finalmente, el acusado ha comparecido, aunque ha tenido que abandonar  la Sala en un momento determinado para ser visto por el médico  forense, al encontrarse indispuesto.

    El motivo de la ausencia de este procesado, que se ha prolongado  durante dos días, ya que tampoco estuvo presente en la sesión del  lunes, ha sido "un problema laboral y escasez de medios", según  informaron fuentes judiciales. El Tribunal ha dispensado a este  acusado de estar presente en la Sala hasta que tenga que exponer su  abogado, lo que en principio ocurriría el 25 de octubre.

    Mellado está acusado de un delito de blanqueo por la Fiscalía  Anticorrupción, que solicita dos años de prisión y multa de 140.000  euros. El fiscal relaciona a este acusado con la sociedad Torquemada,  presuntamente vinculada con el supuesto cerebro de la trama de  corrupción, Juan Antonio Roca, para gestionar el hotel La Malvasía de  El Rocío.