La cuenca hidrográfica del Guadalquivir

Este Gobierno aseguró que la devolución de las competencias sobre el río se hacía para preservar la seguridad jurídica del empleado público que fue transferido el 1 de enero de 2009 a la administración andaluza. El Partido Popular que sumió el Gobierno posteriormente y con las mismas premisas, basadas en una instrucción ministerial a seguir, se reafirmó en la protección de los derechos adquiridos de los empleados públicos devueltos al Estado. Actualmente, estos públicos, presuntamente, según el actual Gobierno, no han generado ningún tipo de derecho en la Junta de Andalucía y por ende inadmisibles en el Estado. Como cualquier empleado público en similar situación los derechos consolidados les son reconocidos, pero a los empleados públicos del Guadalquivir, no. A todos los empleados públicos se les retiró el 5% de sus salarios en junio de 2010, posteriormente, se ha retirado la paga extraordinaria de Navidad. A los empleados públicos del Guadalquivir le han sido retirados, además, otra serie de incentivos por rendimiento al trabajo, que cualquier otro empleado público percibe por parte de la administración para la que trabaja. Pero a los empleados públicos transferidos a Andalucía y posteriormente devueltos al Estado, por ejecución de unas sentencias de lo más altos tribunales de España, se les ha retirado asimismo un derecho económico que habían consolidado en la comunidad autónoma andaluza. Este empleado público vuelve a ser ninguneando por la Administración. Después de aprobar los procesos selectivos según establece la Constitución Española, parece que su labor, su trabajo desarrollado durante casi tres años en la administración andaluza, en la Agencia Andaluza del Agua, no forma parte de curriculum administrativo alguno. No han recibido ayudas sociales como el resto de empleados públicos de la Administración, no han podido acceder a concursos de traslado como el resto de empleados públicos de la Administración. No han tenido la misma igualdad de oportunidades que el resto de empleados públicos y privados de España. Actualmente no forman parte de ninguna relación de puestos de trabajo de la administración a la que fueron devueltos, por lo que cualquier reconocimiento o reclamación, presumiblemente, queda fuera de lugar. De vuelta a la incertidumbre y con muchos sacrificios económicos a sus espaldas los empleados públicos devueltos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han solicitado una entrevista urgente al máximo representante de la administración donde fueron integrados, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para que medie en el reconocimiento de unos derechos que les corresponden, y no se trata de pagas extraordinarias, productividades, dietas, horas extras o gratificaciones, se trata de la seguridad jurídica, garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. Por medio de esta carta al director, los empleados públicos revertidos al Estado por ejecución de sentencia, queremos que el ciudadano conozca que en la administración existen discriminaciones por el solo hecho de que en un momento determinado de nuestras vidas laborales los empleados públicos transferidos a la Junta de Andalucía hayamos alzado la voz y utilizado “la libertad de expresión” como arma de defensa. No solo para nuestra defensa, sino como garantes de la defensa del servicio público que siempre hemos defendido: “La gestión pública del agua, la transparencia en la gestión pública del Guadalquivir”. Si la administración nos deja, seguiremos defendiendo al ciudadano.