La comisión política para trasladar la orujera baezana echa a andar

Dos veces pareció que sí, pero, al final, no. No hubo un pacto para el traslado de la orujera. El primer acuerdo, que luego fue fallido, llegó, al final de la legislatura 2003/2007, cuando el PP, por primera vez al frente del Gobierno de la ciudad, anunció que tenía apalabrado el cambio de ubicación de las instalaciones de Oleícola Jaén, industria de la fachada sur de la ciudad que, según políticos y vecinos, molesta y pone en riesgo la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. La segunda ocasión en la que pareció que el problema se solventaba llegó, de la mano de Leocadio Marín —alcalde socialista todavía en el poder—, cuando, en su anterior mandato, concretamente, el 9 de noviembre de 2009, hizo público un compromiso con la empresa para hacer posible el traslado. Si no hubiera saltado por los aires este plan, a raíz de que, como denunció el Gobierno local, no hubiera terrenos para reubicar la fábrica, la empresa ya tendría que estar trasladada. Así se anunció en su momento. La tercera negociación comenzó ayer y está vez no dependerá de un regidor, sino de todos los partidos de la ciudad.  
El alcalde reunió, ayer, a los portavoces del PSOE, María Dolores Marín; del PP, Javier Calvente, y de IU, José Manuel Tenorio. El Ayuntamiento, en un comunicado, explica que el objetivo de este órgano recién nacido es “promover el traslado del secadero de alperujo de Oleícola Jaén, defendiendo los intereses generales de la ciudad y respetando lo intereses particulares de la empresa”. De esta forma, se busca la “solución definitiva” a este problema de la ciudad.
La comisión llega después de un intento del PP, que se materializó en la realización de un pleno extraordinario y monográfico, para que la Corporación Municipal sacara adelante un plan de acción sobre esta industria. Previamente, la propia empresa pidió diálogo con la Administración local para abordar su situación y tratar de buscar el consenso. Los intentos de hablar casi van paralelos a los avances del proceso judicial que enfrenta a la sociedad y al Ayuntamiento. El Gobierno local ordenó el precinto de las instalaciones de la fábrica que no contaban con licencia municipal, entre ellas, dos líneas de secado de alperujo. Ante esta decisión, Oleícola Jaén interpuso un recurso y pidió el levantamiento cautelar de esta medida. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó esta petición de la empresa.