La causa de los extrabajadores de las Cámaras Agrarias, en el juzgado

Una nueva posibilidad de mediación en el enfrentamiento entre los extrabajadores de las Cámaras Agrarias, despedidos por la Junta, y el Gobierno andaluz se frena momentáneamente. Santiago López Quesada, portavoz de la docena de personas que formaban la plantilla de estas instituciones en Jaén, aclara que la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, a la que le habían pedido colaboración para formular una postura sobre su causa, les informó que, por el momento, esta vía queda paralizada. El motivo, argumenta, es que al despacho de José Chamizo ha llegado un escrito de la Vicesonsejería de Agricultura en el que se precisa que informa que el colectivo del personal de las Cámaras Agrarias de Andalucía ha optado por la vía judicial para mostrar su rechazo al expediente de regulación de empleo aplicado en estos organismos por el Gobierno andaluz.
Por este motivo, aclara, y hasta que exista una sentencia judicial firme sobre el caso, quedan paralizadas, tal y como apunta López, todas las acciones que estaban en marcha por el Defensor del Pueblo Andaluz. Los casi setenta empleados que las Cámaras Agrarias tenían en Andalucía demandan a la Junta en el Juzgado de lo Social por entender que sus despidos son improcedentes. Sus ceses fueron autorizados a mediados de septiembre y como indemnización se establecieron veinte días por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades. De esta forma se entendía que los ceses estaban justificados.
El abogado que los representa, el cordobés José María Muriel, deja claro que sus clientes no lo creen así, y por ello pretenden probar que se trata de un despido injustificado. De esta forma se logrará que obtengan, al menos, la mayor compensación económica que fija la Ley, con cuarenta y cinco días por año trabajado y cuarenta y dos anualidades de tope para cobrar. Y es que la media de estos empleados en las Cámaras Agrarias ronda las tres décadas y, para colmo, los ponen en la calle con unos cincuenta y ocho años de edad de promedio.
La reclamación tiene dos frentes: por un lado, el de los tribunales laborales y por el otro, el contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que se pone en duda el acuerdo alcanzado por la Dirección General de Trabajo, de la Consejería de Empleo, que aprueba los despidos de los empleados, una resolución del pasado 13 de septiembre. La primera intención para dar una salida a la plantilla fue la aplicación de un expediente de regulación de empleo, aunque la medida no prosperó. Después se optó por el despido directo. Con el nacimiento de las organizaciones agrarias, el papel de las Cámaras cada vez era más testimonial e, incluso, dejaron de tener entre sus empleados a los guardas de campo.
José Rodríguez Cámara /Jaén