La Carolina, "escaparate" de una firma que investiga Alaya
El administrador único de la sociedad Fitonovo, José Antonio González Baró, admitió a la juez Mercedes Alaya, el supuesto pago de una “colaboración económica”, cifrada en 20.000 euros, a cambio de la adjudicación de las obras de reforma del campo de fútbol de La Carolina, estadio que lleva el nombre del histórico del PP, Ramón Palacios, que fue regidor de la ciudad durante 36 años.
Aunque no dio nombres, la mediática magistrada sí apuntó luego directamente al actual regidor, Francisco Gallarín, compañero de filas de Palacios, como perceptor de esta “comisión”. El PSOE carolinense ya puso el grito en el cielo ante estas sospechas de soborno y exigió la asunción de responsabilidad. Los socialistas van más allá y apuntan a que la relación entre la sociedad que investiga Alaya y el Gobierno local no se limita a estos pagos y sostienen que, directamente, el Ayuntamiento “promocionó” a la empresa Fitonovo.
El partido de la oposición asegura que uno de los concejales, mano derecha de Gallarín, junto a “personal de confianza” del máximo responsable municipal, llegaron a contactar con otros ayuntamientos a los que invitaron a conocer las bondades del campo de césped artificial del “Ramón Palacios”. En suma, atribuyen a cargos públicos y trabajadores municipales una especie de labor “comercial” de una sociedad privada que, para colmo, sostienen, está en el punto de mira del Juzgado número 6 de Sevilla. Los alcaldes y equipos de Gobierno con los que se “puso en contacto” el Gobierno local carolinense tenían en mente la instalación de campos de fútbol de césped artificial. “Nos preguntamos que interés se puede tener en La Carolina en que se contraté a una u otra empresa, que además no es del municipio”, reflexiona Ángeles Férriz, líder de los socialistas de la ciudad y vicesecretaria general del partido en la provincia. “Es raro y, si además, le sumas una acusación de cobro de comisiones en sobres, pasa a ser sospechoso”, dice Férriz.
Los nombres de Francisco Gallarín y Fitonovo se cruzaron en el transcurso de las investigaciones de la llamada operación “Madeja”, a cargo de la Guardia Civil y en el juzgado de Alaya, que también instruye la megacausa del caso del supuesto desvío de fondos de la Junta destinado al empleo. Actualmente, la investigación, que comenzó en 2013, está bajo secreto sumarial. En el origen de esta intervención está el interés por descubrir si un exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y antiguo asesor del grupo socialista en la capital andaluza, entre otros, pudieron ser compensados a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a Fitonovo y Fiverde.
El alcalde (con el que este periódico intentó ayer contactar sin éxito) aseguró en su momento que no había recibido dinero alguno de Fitonovo ni de otra empresa con la que el Ayuntamiento haya tenido relación. El contrato con esta firma, asociada con otras, se cerró el 14 de septiembre de 2010, por 747.250,54 euros. Once meses antes, Gallarín llegó a la Alcaldía merced a una moción de censura a Ángeles Férriz.