La Audiencia paraliza el precinto de una casa denunciada en Bailén

El matrimonio bailenense formado por María Teresa Márquez Pérez y Juan González Gutiérrez y los dos hijos de la pareja respiran tranquilos. Una orden de la Audiencia Provincial deja sin efecto una resolución del Juzgado número 2 de Linares que, de haber prosperado, les hubiera impedido entrar a su vivienda a partir del 1 de octubre. El inmueble está construido de “forma ilegal” en la zona del municipio conocido como Charco de la Gallina. Ya en junio, cuando comenzaron a hacerse efectivas las órdenes judiciales de clausura, más de un centenar de personas se concentraron para intentar que estas medidas quedaran sin efecto. Desde ese momento, tratan de encontrar una solución política a su situación. Al tiempo, el Ayuntamiento también impulsó un procedimiento administrativo contra estas casas por haberse edificado “sin licencia” en un “terreno natural o rural”. Mientras tratan de buscar el respaldo de la Administración local y los grupos de la Corporación municipal, los afectados también litigan en los tribunales para “defenderse”.
Este reciente último auto de la Audiencia, dictado el 26 de septiembre, les da esperanzas, al entender desde el colectivo que se tiene en cuenta que las residencias consideradas “ilegales” son el único techo de muchas familias. “Esto es el principio  de un camino con muchas dificultades, pero que andará con paso firme, se solventarán todas las dificultades que surjan”, aclaran desde la asociación, en la que confían en que esta acción de la Audiencia siente “jurisprudencia” y permita que se levanten otras órdenes de clausura judicial. “Por fin el sentido común y la coherencia se anteponen a las medidas cautelares interpuestas por el Juzgado número 2 de Linares. Aunque a veces nos hemos sentido desamparados con la Justicia, nunca hemos dejado de confiar en ella”, afirma el matrimonio. La pareja también se solidariza con las familias que todavía no pueden acceder a las casas, en especial, con la que se ha instalado en una tienda de campaña a las puertas de la casa precintada. “Ninguna Administración hace nada para ayudarles”, lamentan.
Esta asociación ya ha emprendido acciones como la recogida de firmas en contra de la paralización de las viviendas y ha mantenido reuniones con los grupos de la oposición y el Gobierno local para tratar de impedir el derribo de los inmuebles.
Los afectados piden que haya “voluntad política”
La asociación que agrupa a los afectados por los expedientes sancionadores reclama que el próximo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad legalice la situación de las casas. Para ello, argumentan, es necesario que haya voluntad política, una colaboración que, como denuncian, no ven por parte de los máximos responsables municipales. A los tres partidos de la oposición, el PP, IU y la Agrupación Independiente de Bailén, por el contrario, el colectivo sí les agradece su respaldo. Hoy, anuncian, estarán presentes en el pleno en el que se presentará una moción en la que se pedirá al equipo de Gobierno que se paralicen, cautelarmente, los expedientes de derribo impulsados por la Administración local. La entidad recuerda que, el pasado 19 de mayo, antes de las elecciones locales que supusieron el cambio de signo político al frente del Ayuntamiento, con la entrada de los socialistas, se aprobó una declaración de voluntades de todos los ediles para regularizar la situación de las casas. Los nuevos gobernantes explicaron que tratarán de que el planeamiento urbanístico que se proyecta para el municipio proporcione el marco para legalizar estos inmuebles. No obstante, no tenían certeza de que los cambios necesarios          fueran posibles.