La Audiencia fija el juicio por “Lucerna” para noviembre
En febrero de 2012, la Guardia Civil dio por desarticulada una organización que, presuntamente, comercializaba como aceite de oliva una mezcla de caldos de calidad inferior exportados desde Suramérica. Fue la operación “Lucerna”, en la que se practicaron 19 detenciones. Treinta meses después, el 15 de octubre de 2014, cinco de esos arrestados tendrían que haberse sentado en el banquillo. No estaban acusados por la famosa combinación de aceites. Y es que el fiscal decidió no presentar cargos por este motivo, por lo que el caso quedó reducido a un supuesto fraude a Hacienda de cerca de 900.000 euros y a una acusación por insolvencia punible —esconder bienes a sabiendas para eludir el pago de una deuda—. Según el Ministerio Público, los procesados idearon un plan para no pagar impuestos a través de un complejo entramado societario, en lo que el fiscal Juan Muñoz Cuesta definió como una “maquinación fraudulenta”.
Aquel primer intento de la Justicia por celebrar el juicio fue frenado en seco por las defensas de los acusados. ¿Cómo? Lograron la suspensión gracias a que pidieron a la Sala realizar una prueba pericial que, según sus argumentos, era clave para poder demostrar su inocencia. En concreto, era el informe contable sobre parte de la documentación incautada a los procesados durante los registros. Según las defensas, no habían podido tener acceso a esos papeles y, por lo tanto, estaban en situación de indefensión. A pesar de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado se opusieron y calificaron la petición como “maniobra dilatoria”, el tribunal accedió a que se practicase la prueba solicitada.
Eso sí, pidió que se realizara “en el menor tiempo posible”. Finalmente, ese informe ha sido concluido y entregado al Juzgado instructor. La Audiencia ha señalado el juicio para los días 4 y 5 de noviembre, es decir, catorce meses después de la fecha inicialmente prevista. En el banquillo de la Sección Segunda se sentarán cinco personas. Se trata del industrial aceitero Enrique F. I., condenado en primera instancia por la estafa de Iniosa; su hijo Carlos Javier, su exnuera y su abogado, Enrique G. R. También está acusado el empresario italiano Calogero A., que espera juicio a su vez como único acusado en la operación “Cisterna”, donde se investiga el robo de varias almazaras y en la que está acusado por receptación.
Están acusados de delitos de fraude fiscal y de alzamiento de bienes y se enfrentan a peticiones de condena que oscilan entre los dos y los seis años de prisión. Además de devolver el dinero presuntamente defraudado —898.128 euros—, la Fiscalía solicita para los procesados el pago de una multa de un millón de euros. En el juicio, por lo tanto, no se podrá hablar de la mezcla de aceites desde el punto de vista penal. Se trata de un caso que tuvo una enorme repercusión para el sector, donde levantó una enorme polvareda.