La abogacía del Estado recurre la negativa del Ayuntamiento de Granada a retirar el monumento a Primo de Rivera

Este recurso se une a los dos ya planteados por la Asociación  Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (Agrmh) y  admitidos a trámite en el Juzgado de los Contencioso Administrativo 1  de Granada, donde habrá de dirimirse si el citado acuerdo contraviene  el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, por el que se insta a  las administraciones públicas a la retirada de cuantos símbolos o  insignias que hagan exaltación de la sublevación militar, de la  Guerra Civil o de la represión franquista.
El nuevo trámite judicial fue hoy dado a conocer en rueda de  prensa por los grupos de la oposición en el Consistorio de la  capital, PSOE e IU, que se personarán en la causa para conocer el  proceso y explicar las razones de por qué debe ser retirado un  monolito que supone, a su entender, "una vergüenza" para los  granadinos. 
Para la portavoz municipal de IU, Lola Ruiz, es incluso "de mayor  vergüenza tener un gobierno local que lo mantiene con su voto  contrario", cuando se trata de monumento "recuerdo del golpe de  Estado y de la dictadura franquista". Ruiz insistió en que es  necesario un consenso entre los tres grupos políticos para el  desalojo del monolito, que tiene paradójicamente muy cercana la plaza  de Mariana Pineda y que se sitúa justo enfrente de donde estará  ubicado el Consejo Consultivo de Andalucía. 
Por su parte, el concejal socialista Isidro Olgoso instó al  alcalde de la ciudad, el 'popular' José Torres Hurtado, a ser  "valiente" y a adelantarse a la decisión de los tribunales  trasladando el pedestal --con cinco brazos que saludan con la mano  extendida y unas alas de águila que se abren sobre ellas-- a otro  lugar más adecuado, como un museo de la ciudad. "Hay que dejar que  esa plaza respire libertad", incidió el edil, que recordó que su  grupo ya propuso sustituirlo por un monumento a las víctimas de la  violencia de género.
"El monolito es feo por otra parte, pero no queremos aniquilarlo,  puede ir a otro lugar", declaró Olgoso, para quien el PP, un partido  democrático, debe desvincularse de esa "rémora" anticonstitucional.
El abogado de la Agrmh, Antonio José Vélez-Toro, explicó incluso  que el monumento contravino incluso los procedimientos  administrativos del franquismo, puesto que no hubo acuerdo municipal  alguno que autorizara su emplazamiento en el lugar, que se produjo en  1953. "En el mejor de los casos estamos ante un ilícito urbanístico",  indicó el letrado, para quien el equipo de gobierno se está colocando  "al margen de la legalidad" contribuyendo a la exaltación de los  símbolos fascistas.
En cuanto a los argumentos esgrimidos por PP, concretamente por el  concejal de Presidencia, Sebastián Pérez, sobre el supuesto valor  artístico de la obra, Vélez-Toro señaló que los informes encargados a  especialistas en escultura y patrimonio han desechado radicalmente  este extremo, entre otras cosas porque la obra de Francisco López  Burgos no aparece ni en guías turísticas ni en los libros de historia  del arte.