Juzgan Granada a los empresarios acusados de intentar ocultar un accidente laboral en 2005

La acusación particular, ejercida por el sindicato UGT, pide para  cada uno de los empresarios, M.R.L. y M.A.S.M., 13 años de prisión,  seis de inhabilitación y una multa de 216.000 euros para cada uno por  los delitos de homicidio imprudente, contra la seguridad e higiene en  el trabajo, imposición a los trabajadores de condiciones laborales  que perjudiquen sus derechos y del de emplear a súbditos extranjeros  sin permiso de trabajo. Para C.R.L., hermano de uno de los empresarios pide ocho años de  prisión, seis de inhabilitación, y una multa de 151.200 euros por  homicidio imprudente, contra la seguridad e higiene en el trabajo,  encubrimiento y omisión del deber de socorro, según el escrito de  acusación hecho público hoy por el sindicato.  Al arquitecto L.A.P.M. lo considera UGT autor de un delito de  homicidio imprudente y otro contra la seguridad e higiene en el  trabajo, por los que le pide seis años de prisión y otros tantos de  inhabilitación, así como una multa de 144.000 euros.  Los dos empleados que limpiaron la sangre del fallecido,  E.D.L.H.G. y J.M.M., están acusados de un delito de encubrimiento por  el que le piden dos años de prisión.   Por su parte, el Ministerio Público solicita para los dos  empresarios, siete años de cárcel, cinco de inhabilitación y una  multa de 10.800 euros para cada uno, por los delitos de homicidio  imprudente, riesgo y otro contra el derecho de los trabajadores  extranjeros. Para C.R.L. y L.A.P.M. pide cuatro años de prisión,  cinco de inhabilitación y multa de 6.000 euros por homicidio  imprudente y riesgo.  Del delito de encubrimiento son presuntos autores E.D.L.H. y  J.M.M., empleados que limpiaron la sangre del fallecido y colocaron  tras los hechos las medidas de seguridad con las que no contaba la  obra cuando se produjo el siniestro. Para ellos pide el Ministerio  Público un año y medio de cárcel.  Los cuatro primeros acusados deberán indemnizar, según el escrito  de acusación provisional del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press,  conjunta y solidariamente a los herederos de Carlos Oscar Romero en  la cantidad de 180.000 euros.  Los hechos tuvieron lugar el 14 de febrero de 2005 cuando Carlos  Oscar Romero, de 20 años y natural de Bolivia, se encontraba  trabajando en una obra del Camino de Albolote en Maracena haciendo  labores para la instalación de un ascensor.  La obra la efectuaba la empresa 'Robles y Santiago S.L.' en base  al proyecto redactado por el arquitecto superior que conocía el  inicio de las obras sin haber efectuado "control de las mismas".  A las 17,30 horas, dado que el andamio colocado para la  instalación del ascensor carecía de "plataformas intermedias",  rodapiés de protección, escaleras de acceso seguro, así como arnés de  seguridad, entre otras medidas de protección, se precipitó al vacío  desde una altura de ocho metros. A consecuencia de la caída sufrió un traumatismo craneoencefálico  grave con fractura de base de cráneo cerrada y hemorragia  subaracnoidea que le produjo la muerte. En estos instantes, el acusado C.R.L., hermano de uno de los  empresarios, se encontraba realizando tareas de control y supervisión  como encargado de la obra, en la que no se adoptaron las medidas  necesarias para garantizar la seguridad.  Además del fallecido, otros trabajadores también en situación  irregular en España habían venido realizando trabajos propios de la  actividad de la construcción en diferentes obras de Motril, Salobreña  y Granada, careciendo del correspondiente permiso de trabajo, en  jornadas desde las 7,00 horas hasta fin del trabajo por 35 euros cada  una y abonando salarios diferentes según el trabajador estuviera o no  en posesión de la documentación. Una vez ocurridos los hechos, E.D.L.H., J.M.M. y C.R.L. se  presentaron en el lugar de los hechos y con la finalidad de impedir  la obtención de pruebas sobre el accidente procedieron a limpiar los  restos de sangre y a retirar elementos de la obra y a colocar otros  de seguridad.  El escrito de acusación del sindicato pide en total casi 20 años  más que la acusación realizada por la Fiscalía, que solicitó 25 años  de cárcel para los mismos seis acusados por estos hechos. Según consideraron, en declaraciones a Europa Press, desde el  sindicato UGT "las circunstancias que concurrieron en este trágico  accidente, así como el cúmulo de desgraciadas circunstancias que  rodearon a mismo, ponen de manifiesto, una vez más, no sólo la escasa  sensibilidad empresarial ante la Prevención de Riesgos Laborales,  sino también el incumplimiento reiterado por su parte de los derechos  laborales, recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, derechos  aplicables a cualquier trabajador, sea cual sea su situación  administrativa".