Justicia para una "ilegalidad"

Fuensanta Adán asegura que no tiene casa propia, un techo que reclama no solo para ella, sino para sus dos hijos: uno de ellos, con un 72% de discapacidad y otro de 3 años. Su complicada situación, la llevó a instalarse en la antigua casa-cuartel de la Guardia Civil de Coto Ríos, el turístico núcleo de población de Santiago-Pontones, en pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. No es la única que decidió hacerse okupa y buscar en el edificio refugio, otras dos familias tienen allí su vivienda.  Pero, a diferencia de sus vecinos, ella no tiene agua potable, unos hechos de los que ya tiene conocimiento el Distrito Sanitario de Cazorla, dependiente de la Junta de Andalucía, al acudir esta mujer para denunciarlo. El problema, al parecer, está en los metros que ha usado, en una habitación. “Solicité permiso para ejecutar las obras, pedí un préstamo para pagarlas. No tengo licencia, pero tampoco nadie me las paró. Me piden que la derribe y no pienso hacerlo, no tengo dinero para ello”, deja claro.
La Administración local competente, una vez que comenzó la entrada en estas dependencias, decidió tramitar la cesión de las viviendas en régimen de alquiler, para normalizar la situación.  La idea es que los inquilinos abonen, como máximo, 150 euros al mes, aunque se descontaría la inversión en mejoras. “Como los expedientes llevan su tiempo, decidimos dejar a estas tres familias ocupar las viviendas ya que cumplían con los requisitos”, argumenta el alcalde, Pascual González. Las dificultades en el caso de Fuensanta Adán estriban, apostilla, en que empleó más metros de los que le corresponden. “Algo ilegal desde todo punto de vista. Esta vecina ha ocupado una vivienda y parte de otra” , apostilla el regidor que añade que así se lo explicó personalmente. Pero esta cazorleña tiene otra visión de los hechos: “Todos estamos de ocupas y no tenemos derechos ni papeles”. “Las otras dos familias ya tienen sus contadores y el agua, a mí me han dicho que no”, concreta Fuensanta Adán. “Lo he pedido por escrito, ya que es un derecho de toda persona para vivir dignamente”, aclara esta madre que sostiene que, si amplió el espacio fue por el bienestar de su hijo discapacitado y con el visto bueno del resto de inquilinos. El alcalde, de hecho, asegura que ella no reside en el cuartel, como sí hacen otras dos familias.  También aclara que no se trata de la única vecina con dificultades para contar con un techo, ya que el Ayuntamiento tiene a medio centenar de inscritos en el registro de demandantes de empleo.  El Gobierno local precisa que un informe de la Policía Local constata que la solicitante se hizo con “una vivienda y parte de otra”. La okupa también deja claro que personal municipal tenía constancia de su decisión y, de ahí, que defienda que no tiene sentido que, después de acometer la reforma, el Ayuntamiento opte por tratarla de forma distinta al del resto de los que residen en  este inmueble. “Llegaré hasta donde tenga que ser”, sostiene.  M. J. Bayona/J. R. C. / Cazorla/Jaén