Julián Muñoz se ratifica en sus declaraciones respecto a un convenio investigado en el caso Malaya

De esta forma, el ex primer edil se ratifica  en las declaraciones ya prestadas, en las que "dejó claro que no  pretende negar que firmara ese convenio", añadieron las mismas  fuentes. El ex alcalde de Marbella acudió a los juzgados de Marbella, tras  ser citado por el instructor del caso, Oscar Pérez, para la  declaración indagatoria en relación a supuestos delitos de fraude,  cohecho y prevaricación en relación de las operaciones urbanísticas  en las parcelas denominadas 'Ave María' y 'Francisco Norte'. Muñoz llegó a las dependencias judiciales sobre las 11.20 horas  para atender a su citación de las 11.30. Permaneció en el interior  algo más de una hora y media. A su salida, evitó hacer declaraciones  a los medios de comunicación que esperaban. Fue en junio de 2008 cuando el ex regidor marbellí testificó ante  el magistrado Oscar Pérez sobre estas mismas operaciones  urbanísticas, declaraciones que hoy ratificó, según las mismas  fuentes. Muñoz ostentaba en ese momento el cargo de alcalde  accidental en el Consistorio de Marbella cuando se firmaron estos  convenios. Por la primera operación, el magistrado le procesa por supuestos  delitos de fraude y cohecho, ya que en calidad de alcalde formó parte  de la comisión de gobierno que ratificó el convenio. A Muñoz se le  suma un supuesto delito de prevaricación por la operación 'Francisco  Norte', que, según señala el juez en su nuevo auto de procesamiento,  supuso un "claro perjuicio a las arcas municipales". Además de Muñoz, acudieron al Juzgado de Instrucción número 5 de  Marbella los ex ediles Marisa Alcalá -nueva procesada- y Tomás  Reñones, quienes prestaron declaración por primera vez en relación a  un presunto delito de fraude, al formar parte de la comisión de  Gobierno que dio el visto bueno al convenio urbanístico 'Ave María'.  También estaba citado el ex concejal José Luis Fernández Garrosa,  quien finalmente no compareció "debido a problemas con la citación",  según informaron a Europa Press fuentes de las defensas. El resto de los imputados ratificaron sus declaraciones, "con  algunas puntualizaciones", en una sesión en la que tampoco ha habido  preguntas, según confirmaron fuentes de las defensas. Así, el letrado  Manuel Sánchez Zubizarreta confirmó lo ya declarado ante el juez  Oscar Pérez. Este se encuentra procesado por un supuesto delito de  fraude en su participación en el desarrollo del convenio 'Ave  María'. También confirmó sus declaraciones el empresario Javier Arteche,  procesado por supuestos delitos de cohecho "al entregar cantidades  para fin delictivo a Julián Muñoz", según se recoge en el auto, así  como cooperación al fraude y prevaricación. Sobre la operación urbanística en la parcela 'Ave María', el  Consistorio firmó un acuerdo en el año 2002 con la sociedad CCF 21,  cuya titularidad corresponde a los ya procesados Andrés L. y Carlos  S., por el que se permutaron dos fincas -una calificada como  urbanizable por otra rústica en suelo no urbanizable- por el que  cedió un aprovechamiento urbanístico por un valor de más de 1,4  millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los  30.000 euros. Según el auto de procesamiento al que tuvo acceso Europa Press,  teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de  Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas  municipales de más de 1,4 millones de euros. Nueve días después de  ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad  del ex asesor urbanístico, se refleja una aportación de 60.100 euros  por parte de una persona, identificado con el acrónimo J.A. Un mes  después, se registran dos entregas a J.M., asegurando el instructor  que existen razones para entender que J.M. son las iniciales de  Julián Muñoz. En cuanto a la aportación de J. A., "existe sospecha de que pueda  tratarse de Javier Arteche", el empresario que hoy prestó declaración  indagatoria. Sobre la operación 'Francisco Norte', el magistrado indica que el  final de ésta puede situarse en el convenio suscrito en noviembre de  2002 por el Ayuntamiento con Yeregui Desarrollo S.L. por el cual el  Consistorio acordaba pagar a la empresa tres millones de euros en  concepto de indemnización al no ser posible finalmente edificar en la  finca. Por este convenio, que supuso "un claro perjuicio a las arcas  municipales", el juez ha procesado al empresario Javier Arteche,  Julián Muñoz y Juan Antonio Roca por un supuesto delito de  prevaricación. También aparece como procesado por un supuesto delito  de falsedad documental, el secretario municipal Leopoldo Barrantes,  que hoy acudió a las declaraciones indagatorias y se ratificó en lo  anteriormente dicho, según fuentes de las defensas.