Juicio al menor que mató a un amigo de un disparo accidental
El adolescente de Sabiote que mató de un disparo accidental a un amigo se sentará, desde hoy y durante tres días, en el banquillo. La Fiscalía de Menores lo acusa de un delito de homicidio por imprudencia y reclama como castigo dos años y medio de libertad vigilada para el autor confeso de la muerte. El Ministerio Público considera que el fallecimiento de Juan José Barrero Orea, de tan solo 14 años, se debió a un tiro accidental durante un juego entre amigos que resultó letal. Ocurrió el pasado 6 de julio, en el cortijo “La Corregidora”, que está a las afueras de Sabiote y que es propiedad del padre del adolescente que disparó. La acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, solicita como castigo un año de internamiento en régimen cerrado y otro más de libertad vigilada.

La Fiscalía recoge que los dos jóvenes estaban “jugando” con una escopeta y que, incluso, llegaron a efectuar algún disparo en la zona. En un momento dado, la víctima agarró el arma que tenía su amigo en las manos. Parece ser que la tomó por el cañón y tiró. Ese movimiento fue suficiente para que su compañero accionara el gatillo de forma involuntaria. Así lo contó el autor del disparo. Su testimonio, además, casaba con las pruebas forenses, que pusieron de manifiesto que el tiro se efectuó casi a bocajarro —aproximadamente a un metro— y que la bala se alojó en el costado del joven Juan José Barrero. El chico murió desangrado poco después de llegar al Hospital de Úbeda.
El presunto autor de los hechos fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Entonces, se decretó su puesta en libertad y que quedara bajo custodia de sus padres de forma provisional. Durante varios meses, se investigó la causa. El pasado mes de febrero, la fiscal de Menores Pilar Sánchez Alcaraz ha formulado las alegaciones en este procedimiento, en el que ha calificado los hechos como un delito de homicidio por imprudencia. Reclama para el autor dos años y medio de libertad vigilada.
De forma paralela, también se sigue un procedimiento penal contra el padre del chico, al que se acusa de delitos de tenencia ilícita de armas y de homicidio por imprudencia. Y es que la Guardia Civil investigó por qué los chicos tenían a su alcance un arma, con su correspondiente munición. La escopeta fue enviada al Departamento de Balística para un estudio pormenorizado. Los especialistas de la Guardia Civil pronto se dieron cuenta de que había sido manipulada. En principio, era una escopeta de aire comprimido, diseñada para disparar perdigones. Sin embargo, fue convertida en una carabina del calibre 22, capaz de disparar balas de pequeño tamaño. Los agentes comprobaron, además, que el arma en cuestión era del padre del autor de los hechos. Así que, con la ley en la mano, fue acusado de un delito de tenencia ilícita de armas. Además, los investigadores también pusieron de manifiesto que la carabina y la munición se encontraban sin las correspondientes medidas de seguridad, lo que propició que pudieran ser utilizadas por los menores. La defensa del progenitor, sobre el que pesaba una orden de alejamiento con respecto a su hijo, alega que el arma no era suya y que estaba en un lugar al que tenían acceso más personas, ya que el cortijo albergaba una especie de picadero de caballos al que acudían numerosos usuarios.