Juicio al autor confeso del crimen de Fernando Jurado

¿Fue una trampa premeditada o una muerte en legítima defensa? Nueve ciudadanos tienen que decidir, a partir del lunes, qué ocurrió aquel 3 de marzo de 2010, cuando Antonio Q. G., un vecino de Pegalajar, mató a puñaladas al empresario y expolítico Fernando Jurado. El acusado se enfrenta a peticiones de condena que oscilan desde los tres a los veinte años de prisión.

    05 nov 2011 / 10:51 H.

    Casi veinte meses después de los hechos, nadie duda de la autoría del crimen. De hecho, el propio Antonio Q. G. ha reconocido ante el juez que mató a Fernando Jurado, cuyo cadáver presentaba 26 puñaladas. En el juicio que comienza el lunes se tiene que determinar qué condena debe cumplir y es aquí donde se abre un abanico de posibilidades.
    Para la Fiscalía, se trata de un delito de homicidio, sin ningún tipo de agravantes ni atenuantes. El Ministerio Público relata que el 3 de marzo de 2010, el día de los hechos, Antonio Q. G. se enteró de que Fernando Jurado estaba en la finca de La Sima. Acusado y víctima tenían conflictos previos “por problemas de tierras”. Cogió su todoterreno y recorrió este paraje hasta que encontró al fallecido. Hubo una discusión entre ambos: “El agresor utilizó un cuchillo que llevaba y, con el fin de causarle la muerte, le propinó 26 puñaladas en el tórax y en el abdomen”, afirma el fiscal en su escrito de acusación. A pesar del elevado número de heridas, el Ministerio Público considera que no se produjo ensañamiento.
    El relato de hechos que realiza la acusación particular, ejercida por la familia de Fernando Jurado, es muy parecido al de la Fiscalía. Sin embargo, introduce un matiz importante: asegura que el acusado llevaba un cuchillo escondido, con el que atacó a la víctima de forma “súbita e inesperada”, cuando el agredido estaba “desarmado e indefenso”. En román paladino, considera que fue una trampa. Además, recuerda que Antonio Q. G. no sufrió lesión alguna en el ataque. Por ello, la familia de la víctima considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, al aplicar la agravante de alevosía. Reclama una condena de 20 años de prisión, el máximo que contempla la ley para estos casos.
    El último de los escenarios posibles es el que plantea la defensa del acusado, que tan solo acepta una condena de tres años de cárcel. Admite que su cliente cometió el crimen, si bien asegura que concurren una serie de circunstancias atenuantes que deben reducir el castigo. En este sentido, el abogado defensor explica que Antonio Q. G. estaba bajo los efectos del alcohol cuando sucedieron los hechos, que repelió un ataque previo de Fernando Jurado y que lo hizo para defender su vida por el “miedo insuperable” que padecía. Además, también recuerda que colaboró con la Guardia Civil en la investigación.
    Con respecto a la indemnización que deben recibir la viuda y las hijas, la Fiscalía la fija en 300.000 euros y la acusación particular reclama 400.000. Rafael Abolafia / Jaén