Juicio al alcalde de Noalejo y a su antecesor por prevaricación urbanística

Presuntamente, los ocho procesados permitieron edificar en unos terrenos protegidos, ubicados junto al paraje de la Hoya del Salobral. Han pasado más de trece años desde que arrancó este proceso judicial, allá por el 20 de diciembre de 1999. Ese día, el Ayuntamiento de Noalejo, presidido por Juan Bolívar (PA), celebró una sesión plenaria en la que se aprobó, por mayoría de votos, la parcelación y posterior venta de unos terrenos.
Se trataba de una parcela no urbanizable, ya que está protegida por su valor medioambiental. Como manda la norma, el equipo de Gobierno recabó los informes previos de los técnicos del Ayuntamiento. Tal y como explica la Fiscalía, el arquitecto Juan Antonio S. V. informó favorablemente a la parcelación, a pesar de ser “suelo rústico”. El secretario se opuso a dividir el terreno para su venta. No obstante, la operación se aprobó con los votos de cinco concejales y el alcalde Juan Bolívar. Todos están acusados en este procedimiento.
Después de las elecciones municipales de 2003, accedió a la Alcaldía el socialista Antonio Morales Torres, que hoy continúa en el cargo y que, además, también es diputado provincial. Según el fiscal, procedió, “mediante la vía de hecho”, a realizar subparcelaciones del terreno y, a continuación, otorgó varios contratos de venta a vecinos del municipio.
Así, entre los años 2004 y 2005, los compradores procedieron a levantar vallados, cercas e, incluso, alguna edificación, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público. La Fiscalía no presenta cargos contra ellos porque considera que hicieron las obras “creyéndose amparados por los contratos que habían firmado con el Ayuntamiento y por las condiciones constructivas que el alcalde hizo constar en ellos”. No obstante, sí que se solicita la demolición de todo lo construido al margen de la Ley y que sea, además, el Ayuntamiento de Noalejo el responsable civil subsidiario. El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito de prevaricación urbanística, es decir, permitir una ilegalidad a sabiendas.
Por ello, reclama una condena de un año de prisión para el alcalde, su antecesor en el cargo, los cinco exconcejales y el arquitecto técnico. Además, solicita que todos los procesados sean inhabilitados para ejercer cargo público durante ocho años. El juicio está previsto para el lunes y el martes en el Penal 3. Rafael Abolafia / Jaén