Juan Lanzas y sus cuentas pendientes
Juan Lanzas llegó con mucha antelación a su cita con la Justicia. Antes de entrar al Juzgado, el considerado “conseguidor” en la trama de los ERE fraudulentos se tomó un café con su letrado en el bar del Colegio de Abogados. Cerca de las once de la mañana, cruzó la calle Carmelo Torres hacia la sede judicial donde debía sentarse en el banquillo por, presuntamente, quedarse con dinero de la cooperativa de su pueblo, que presidió durante una década. Un paseíllo de unos 50 metros en el que tuvo que escuchar cómo varias personas lo increpaban al grito de “chorizo”. Su respuesta fue el silencio, adornado con una mueca en forma de sonrisa forzada. Al pasar el arco de seguridad del Juzgado, Juan Lanzas hizo más de un guiño a los fotógrafos y, después, mientras esperaba ya para entrar al juicio tiró de ironía para atender al grupo de periodistas que le preguntó sobre su situación: “Me dedico a mis labores”, dijo, con cierta sorna, para añadir: “Mi vida laboral está muy jodida. No hay trabajo ni para los ‘medioqués’, para los señalados, pues mucho menos”. Cuando le preguntaron por los ERE, Lanzas tampoco se puso mucho más serio: “Bah”, exclamó a medio camino entre el hartazgo y el desprecio. “Eso va para largo”, contestó sin más.Terminada esa improvisada comparecencia, llegó el turno de dar explicaciones a la Justicia. El exsindicalista de la UGT está acusado de delitos societarios. Presuntamente, se quedó con 17.199 euros de la cooperativa San Francisco de Albanchez de Mágina, su pueblo natal y donde actualmente reside. Según las acusaciones, Juan Lanzas se aprovechó de su cargo de presidente para cargar en la contabilidad de la sociedad una serie de bienes y servicios de los que fue “el único beneficiario”. En román paladino, se le acusa de pagar algunas de sus deudas con dinero de las cuentas de la sociedad que presidía. El exsindicalista, que se enfrenta a peticiones de condena que llegan hasta los seis años de cárcel, negó todos los cargos: “Jamás me quedé con un euro. Al revés, la cooperativa jamás sufrió perjuicio económico alguno”, dijo. Son seis las facturas sospechosas. Una de ellas hace referencia a la adquisición de un atomizador para curar olivas a una empresa de Córdoba, un aparato que, según dicen en la empresa, nunca han visto. También hay compras de armarios y estanterías a una carpintería de la capital, objetos de los que tampoco hay noticias. E, igualmente, existe constancia de pagos a una sociedad de Torredelcampo por los trabajos de colocación de unos suelos de mármol que tampoco están puestos en las instalaciones de la cooperativa. “Todo esos materiales fueron para mi uso personal”, admitió, sin tapujos, Juan Lanzas, a preguntas de la Fiscalía. Eso sí, ofreció una explicación para ello. Al respecto, aseguró que, antes de hacer las transferencias de pago, ingresaba dinero en metálico en la caja de la cooperativa. Pero, ¿por qué ese enrevesado mecanismo? El acusado aseguró que fue para hacer una especie de favor a la cooperativa. Relató a su señoría que, en el año 2003, unos análisis detectaron la presencia de un herbicida en el aceite. Según su versión, para no crear alarma, decidieron contratar a dos trabajadores para que, de forma discreta, limpiaran las tuberías y los bidones de la sociedad. “Por diversas circunstancias, a esos empleados había que pagarles en metálico. Yo ingresaba en caja ese dinero y, después, para justificar los pagos, pasaba las facturas de los materiales por las obras que se estaban haciendo en la casa de mi padre”, explicó. “Todo se hacía con conocimiento de la junta gestora”, concluyó para defenderse. Juan Lanzas fue presidente desde 1996 hasta 2007. Ese año, perdió las elecciones por solo quince votos e impugnó el resultado. El juez ordenó que volvieran a repetirse los comicios. Esta vez, su derrota fue mucho más amplia. El nuevo consejo rector que salió de las urnas revisó las cuentas y encontró facturas que no cuadraban. Un hallazgo que acabó en querella y en un proceso penal contra Lanzas. La Fiscalía le pide 2 años de cárcel por un delito societario. La cooperativa, que ejerce la acusación particular, reclama 6 años de prisión.
