Aluvión de demandas de empleados de la antigua Fábrica de Uranio

planteados a lo largo de las próximas semanas. El primero, está previsto para el próximo día 16 de diciembre. El demandante es Carlos Manuel, que, a sus 66 años, sufre una cardiopatía isquémica y una arteropatía periférica. Está jubilado desde hace varios lustros debido a los males que le aquejan. Sin embargo, para la Seguridad Social su enfermedad es común y no provocada por el contacto con el uranio durante su trabajo en las antiguas instalaciones que Enresa tenía en Andújar. Ese matiz no es baladí, pues hace que su paga de jubilación sea mucho más pequeña.
El caso de Carlos Manuel no es único. Son 44 antiguos trabajadores de la FUA los que han presentado una demanda social contra el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, y contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Todas plantean lo mismo: el reconocimiento de que los males que padecen son consecuencia del contacto con el uranio que manipularon durante años. Ese reconocimiento permitiría un aumento de las pensiones que cobran tanto los antiguos trabajadores, como sus viudas, ya que la base de contingencia que se tomaría para calcular sus respectivas pagas sería la de enfermedad profesional y no le de enfermedad común como se hace hasta ahora. Lógicamente, en las demandas también se solicitan los atrasos de todos estos años, por lo que la cantidad, según las fuentes consultadas, es millonaria.
Los trabajadores que quedan vivos llevan años intentando demostrar que los fallecimientos de sus compañeros y las enfermedades que sufren ellos mismos son consecuencia de haber estado expuestos a radiaciones ionizantes sin la protección adecuada durante los 22 años de actividad de la FUA, entre 1959 y 1981. Según los últimos datos conocidos, unos 54 trabajadores de la antigua FUA han fallecido “a causa del cáncer, degeneraciones óseas o problemas pulmonares y de riñón”, razón que impulsó al colectivo a presentar una reclamación. Primero, plantearon una querella criminal contra los responsables de la empresa. Fue en el año 1998 y los Juzgados la desestimaron al entender que no se había cometido delito alguno.
Los trabajadores acudieron a la vía civil en el año 2000. Un proceso largo en el que se reclamaba a Enresa y al Ministerio de Industria una reclamación por responsabilidad patrimonial, es decir, una compensación económica por las enfermedades y los fallecimientos. Tampoco prosperó.
La última salida es acudir a la jurisdicción social con demandas que tratan de que la Justicia reconozca que sus males están causados por el contacto con el uranio, es decir, que padecen una enfermedad profesional. Para ello aportaron voluminosos expedientes médicos en los que se dice que los empleados de la FUA sufren más tumores que el resto de la población iliturgitana.
En frente tendrán a la Abogacía del Estado y a la Seguridad Social, que aseguran que no existe nexo causal entre el trabajo que realizaban esos trabajadores en la factoría iliturgitana y los problemas de salud que sufren. De hecho, añaden que presentarán un informe en el que aseguran que la plantilla, de media, vive más que sus paisanos de Andújar.
Son dos posturas totalmente contrapuestas. La Justicia, en este caso los Juzgados de lo Social, tendrá que decidir sobre un problema que ya tiene más de un cuarto de siglo de antigüedad y que tiene a sus protagonistas sumidos en una pesadilla.

Un regalo envenenado

Un signo de modernidad para el Andújar de la época fue un regalo envenenado para algunos de sus vecinos. La Fábrica de Uranio General Hernández Vidal, más conocida como FUA, abrió en 1959, con más de cien personas. Cuatro décadas después, muy pocos viven para contar sus recuerdos.
Las instalaciones fueron construidas muy cerca del río Guadalquivir, a propuesta de la Junta de energía Nuclear, y fue considerada una explotación piloto. A la FUA llegaron durante 22 años los cargamentos de uranio hallados en las minas cercanas al Santuario de la Virgen de la Cabeza o de la Sierra de Cardeña, en Córdoba. Para su transformación se emplearon productos como ácido sulfúrico y nítrico, cianuro, amoniaco o sosa cáustica.
Estas sustancias eran manipuladas sin protección alguna, salvo monos de faena de tela, caretas de cartón y botas de goma. Durante todo el proceso productivo, el contacto con los materiales, además de con los gases y el polvo tóxico que generaba la actividad, era constante, según han explicado antiguos trabajadores en reiteradas ocasiones. Esta circunstancia era sabida por la Junta de Energía Nuclear que, en una publicación interna de 1966, reconocía: “La Fábrica tiene problemas comunes a todas las instalaciones industriales (...) y también riesgos propios: la silicosis y la contaminación radioactiva”. Incluso, se admitía que los índices de productos nocivos superaban en 970 veces los máximos permitidos.
Las consecuencias no se dejaron esperar. En 1970, fallece un trabajador que tenía su casa dentro del recinto de la fábrica. Es el primero de una larga lista de 54 personas. Sin embargo, el riesgo de su trabajo no fue comunicado a la plantilla a la que, entre otras cosas, se les hizo firmar un documento con objeto de garantizar que nada de lo que ocurriera en sus puestos sería conocido en el exterior. Los empleados, mientras tanto, continúan con su labor, algunos aquejados de enfermedades, pero ajenos al peligro de la proximidad del uranio.
De hecho, los empleados comienzan a sufrir una serie de enfermedades como cáncer de pulmón y hueso, broncopatías, cataratas, poliartrosis o insuficiencias respiratorias. Según ellos, se deben a la manipulación del material radioactivo y a la proximidad de las partículas tóxicas. Según Industria, no existe relación causal entre la actividad que desarrollaban y las dolencias que padecen.
Los hechos comienzan a ser conocidos por la plantilla al cierre de la fábrica, en 1981. En esa fecha, observan cómo los materiales con los que se construyó la FUA son enterrados por la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, Enresa, en medio de grandes medidas de seguridad e higiene, algo que, aseguran, nunca habían conocido.
Entre los ex trabajadores comienza a tomarse conciencia de lo ocurrido. Pero no es hasta 1994 cuando se constituyen en una asociación para reclamar doce millones de euros a la Junta de Energía Nuclear, en ese momento ya convertida en Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Ciemat. Solicitan una compensación por los perjuicios ocasionados por el uranio. Igualmente, piden al Gobierno la actualización de sus pensiones y de las pagas de viudedad. Comienza un rosario de contactos con instituciones, partidos políticos e, incluso, al Defensor del Pueblo. En 1997, la plantilla se somete a análisis con vistas a determinar la relación de causalidad entre las enfermedades que padecen y el contacto con el uranio. Es en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. El especialista que los atiende suscribe que “existe un alto grado de sospecha sobre ello”. Poco después, contratan los servicios de un abogado y, finalmente, presentan una querella criminal por delitos de imprudencia con resultado de muerte y lesiones, que es admitida a trámite y, después, archivada. Es el primer paso de una lucha que aún hoy, una década después, se mantiene.