Una familia reclama a Salud por la evasión de un enfermo mental

Dos días más tarde, justo después de cenar, se fugó. Todavía con el pijama azul, atravesó dos puertas de seguridad para las que se necesita una clave de acceso y saltó una valla hacia la calle. A continuación, robó un coche. No se percató de que dentro estaba una niña pequeña. Su escapada duró tres horas. Todos los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional de la zona le seguían los pasos. Dejó a la menor en una gasolinera. La huida de “Tatín” concluyó con un accidente, que dejó el vehículo destrozado. Poco después, fue detenido.
Ayer, Joaquín M. F. se sentó en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén por estos hechos. Estaba acusado de un delito de hurto y otro de detención ilegal. Su defensa alcanzó un acuerdo con las acusaciones para que retiraran los cargos por el secuestro de la niña. De esta manera, el acusado aceptó una multa de 1.080 euros tan sólo por el robo del vehículo.
¿Quién debe pagar? Todo el juicio, por lo tanto, se centró en discutir si las medidas de seguridad del centro sanitario fueron o no adecuadas. No es una cuestión baladí, pues de eso depende quién debe hacer frente a la indemnización.
“Tatín”, con la cabeza metida entre los hombros, escuchó desde el banquillo cómo los trabajadores del Hospital relataban su fuga. Joaquín M. F. atravesó dos puertas de seguridad que sólo se pueden franquear si se teclea una clave de seguridad. Debió de colarse por la primera de esas puertas cuando entró algún miembro del personal. “Nadie lo vio. Fue cuestión de menos de cinco segundos”, aclaró la auxiliar de clínica que lo atendía aquella noche. Para la segunda, el interno se introdujo en el carro de transporte de las bandejas de la cena. Cuando el pinche fue a recogerlo, saltó y huyó como alma que lleva el diablo. El vigilante de seguridad de la puerta principal lo vio saltar un valla, pero no pudo echarle el guante. Después, protagonizó el episodio del coche.
Lo que se dirime es quién debe pagar la responsabilidad civil, es decir, la indemnización por los destrozos del vehículo y por el daño moral causado a los padres de la niña. La Fiscalía y la acusación particular, que representa a esa familia, consideran que es el SAS el que debe responder: “Es el hospital el que tiene la guardia y custodia del enfermo. Hubo un quebrantamiento del deber de vigilancia, no del personal, sino del Hospital en general”, recalcó la abogada de la acusación. “El sistema falla”, remachó el fiscal, quien pide una indemnización de 15.000 euros.
La letrada de Salud respondió que no se incumplieron las normas, que la intervención fue conforme al protocolo y que en un centro hospitalario se realizan acciones terapéuticas, no carcelarias. Será el magistrado Cañada Clé el que deba decidir.