Miembros del PP de Baeza niegan el engaño a ancianos para captar votos
Alegan que no votaron por ellos y que sólo les hicieron “un favor”
Rafael Abolafia / Jaén
Ni hubo plan preconcebido, ni engaño, ni votaron por nadie. Los 24 procesados por el conocido como “caso Baeza” cerraron filas y negaron su participación en los hechos por los que ayer se sentaron en el banquillo de la Audiencia. La Fiscalía los acusa de haber manipulado a ancianos de una residencia para captar sus votos. Los magistrados tendrán que decidir si los 24 acusados, entre los que se encuentran tres concejales y reseñados dirigentes del PP
Alegan que no votaron por ellos y que sólo les hicieron “un favor”Rafael Abolafia / Jaén
Ni hubo plan preconcebido, ni engaño, ni votaron por nadie. Los 24 procesados por el conocido como “caso Baeza” cerraron filas y negaron su participación en los hechos por los que ayer se sentaron en el banquillo de la Audiencia. La Fiscalía los acusa de haber manipulado a ancianos de una residencia para captar sus votos. Los magistrados tendrán que decidir si los 24 acusados, entre los que se encuentran tres concejales y reseñados dirigentes del PP
, dos trabajadoras del geriátrico y el médico Ginés Carlos C. G., a la sazón hermano del anterior alcalde de Baeza, urdieron una trama para confundir a 19 residentes de avanzada edad y obtener sus votos aprovechándose de una “grieta” en el sistema de sufragio por correo. De momento, todos los acusados rechazaron su participación en los hechos. Los primeros en declarar fueron José María P. B. y José P. R., dos destacados militantes del PP baezano a los que la Fiscalía sitúa en la cúspide la conspiración: Todo fue legal, vinieron a decir ambos. Explicaron que
acudieron a la Residencia de la Purísima Concepción, contactaron con los ancianos que querían votar por correo y recogieron su documentación. “Ellos mismos nos la entregaron”, dijeron. “Nosotros no votamos por ellos”, apostilló José P. R. a las preguntas del jefe de la Fiscalía Provincial, JoséMaría Casado, que, de forma excepcional, asumió galones y realizó el juicio. Después, ambos reconocieron que llamaron almédico Ginés Carlos C. G. para que emitiera unos informes médicos en los que se certificara que esos residentes tenían la movilidad reducida. El Ministerio Público sostiene que ni tan siquiera examinó a los pacientes. El doctor también dijo que su intervención fue legal: “Hice una exploración visual y, en ese momento, no podíanmoverse”, explicó. “A mí la políticame da urticaria.Estoy en el banquillo por ser hermano de Javier Calvente”, concluyó. Después, declararon los diecinueve afiliados y simpatizantes del PP que hicieron de apoderados de los ancianos. Su testimonio fue, prácticamente, calcado. Todo menos uno, dijeron que JoséMaría P. B. y JoséP.R. les pidieron que ejercieran esa función, que no conocían a los residentes a los que iban a representar y, lo más importante para el procedimiento, que entregaron los justificantes en la sede del PP y no a los ancianos, tal y como exige la normativa. “Sólo queríamos hacer un favor”, recalcaron todos a preguntas de su abogado defensor. JUSTIFICACIÓN. JoséMaría P. B. y José P. R. dieron una explicación a esa forma de proceder:No conocían a los ancianos y, por eso, fueron ellos los que recogieron los papeles en la sede y los llevaron a la residencia: “Quería mantener la intimidad de esa persona”, llegó a decir AntoniaMartínez, una de los apoderados y actual concejal del PP para justificarse.No obstante, otro de los apoderados, que representó a su propia tía, tampoco acudió a la residencia para entregarle el sobre con los votos, sino que lo llevó directamente a la sede del partido. La pregunta que ha dado lugar al procedimiento es si los residentesmetieron la
papeleta en el sobre o alguien lo hizo por ellos. Sólo los propios ancianos pueden dar testimonio de lo que ocurrió. De los diecinueve, varios han fallecido y otros no están en condiciones físicas o psíquicas para declarar por su avanzada edad. De hecho, sólo dos se personaron ayer en el juicio y su testimonio hubo que cogerlo con alfileres: apenas entendían lo que preguntaban las partes. La testifical más válida con la que cuenta la Fiscalía paramantener la acusación es la del sobrino del anciano que puso la denuncia. El 25 demayo de 2007,Apolonio Anguís acudió a las urnas y le dijeron que ya había votado por correo. “Yo tenía el documento de identidad de mi tío. Él no tenía ni un papel. Sin esa documentación difícilmente se puede hacer el poder para votar por correo”, se cuestionó. El juicio continuará hoy con los informes finales. La Fiscalía retiró los cargos contra dos de los acusados. Unade las quehaquedadolibre de toda imputación es la concejal TrinidadRus, que apoderó a un anciano, pero que,
finalmente no votó. El fiscal pide para los dos instigadores de la trama una multa de 2.100 euros.Para los otros acusados reclama el pago de 1.200 euros. Y para elhermanodel ex alcalde exige el pago de 2.400 euros por delito de falsedad. Para todos ellos solicita la inhabilitación para que no puedan presentarse a las elecciones.