IU se niega a devolver los 426 millones de euros de la financiación

El diputado de IULV-CA Ignacio García afirmó que la federación de izquierdas se declara “insumisa” a la devolución al Gobierno central de los 426 millones del Fondo de Convergencia por la liquidación de 2013, fruto de una “mala previsión” del Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que suponen más de 50 euros por cada andaluz.

09 oct 2014 / 11:02 H.

Así se pronunció García durante su intervención en el debate general en el Pleno del Parlamento sobre la incidencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la Comunidad, en el que aseguró que Andalucía no puede dar la aprobación a estas cuentas porque “mienten”, se basan en supuestos “falsos” de recuperación, no contribuyen a eliminar las desigualdades y discrimina a este territorio en el reparto de las inversiones.

Tras apuntar que los PGE no apuestan por la cohesión territorial, García lamentó que Andalucía vuelva a quedar por debajo de la media en inversión por habitante, con una inversión de 239 millones, mientras que Castilla y León recibe el triple y Galicia el doble. “Son nueve las comunidades autónomas que tendrán en 2015 una financiación por habitante mayor que Andalucía”, destacó García, quien también indicó que mientras que para la alta velocidad se destinan seis millones en Huelva y 19 en Cádiz, para esta misma infraestructura en Asturias se prevén 530 millones y en el País Vasco 580 millones.

Para García, los PGE reafirman el “agravio” a Andalucía derivado del sistema de financiación. “Aunque las transferencias para las comunidades aumentan un 2,8 por ciento, Andalucía no se beneficia de este incremento”, manifestó el diputado de IULV-CA, que también apuntó que el Fondo de Suficiencia Global baja un 2,8 por ciento y el reparto de los fondos “castigan enormemente” a Andalucía, mientras que benefician a otras comunidades con mayor renta. De igual modo, dijo que estos presupuestos parten de tres supuestos “inverosímiles” y sin fundamento: Suponer un crecimiento económico que generará más empleo y más ingresos tributarios; pensar que la consolidación fiscal estimulará la actividad, y suponer que una devaluación interna de la economía reanudará en su beneficio.