¡Sí se puede!
Pienso en el desempleo, en el abaratamiento de los sueldos y el despido, en la privatización de prestaciones públicas elementales como la educación o la sanidad unido todo a nuestra imposibilidad para pagar las cuotas de nuestras hipotecas y sus intereses abusivos. Pienso en el daño que ha hecho en la economía de las personas trabajadoras una ley hipotecaria obsoleta, injusta, usurera, pero hecha a medida de los bancos y los grandes capitales.
Cláusulas abusivas, intereses de demora desproporcionados, cláusulas suelo, etcétera. Además el resumen de la situación es muy simple, las clases trabajadoras deben pagar todos los abusos, barbaridades, de esas entidades financieras y grandes capitales. Frente a esta situación por fin una Administración ha dado el gran paso, se ha modificado de una vez la orientación de las medidas, desde la Junta de Andalucía con el Decreto Ley de Función Social de la Vivienda. Se ha trasladado el foco del coste y pago de la burbuja inmobiliaria a bancos e inmobiliarias. Pequeño gran paso. Pequeño porque debemos llegar a la dación en pago. Y gran paso porque supone una revolución frente al drama social de los desahucios y las contraindicaciones del stock inmobiliario sin atentar contra nuestra Constitución o las normas estatales. Frente a la falta de voluntad y decisión del Gobierno Central para sacarnos de la crisis y el desprecio a las demandas de la ciudadanía expresadas a través de las movilizaciones o reivindicaciones como la Iniciativa Legislativa Popular apoyada por un millón y medio de firmas. Frente a las políticas de ajustes, recortes y sometimiento y secuestro de la política y la democracia por los intereses financieros, la Junta apuesta por nuevas vías y soluciones para transformar la dura situación económica y social. Ante la imposible satisfacción de las dos partes en disputa; bancos, inmobiliarias y grandes capitales frente a la ciudadanía. O ante el absoluto y sacrosanto derecho a la propiedad privada, y el reconocimiento real y efectivo del derecho a una vivienda digna, la Junta ya se ha decantado por la segunda opción en ambos casos. Esperemos que cunda el ejemplo.
Miguel Ángel Olivares es escritor