Isabel Pantoja alega una fortuna de 19 millones para negar el blanqueo de dinero

En este caso hay 10 acusados. La Fiscalía Anticorrupción pide en  sus conclusiones provisionales tres años y medio de prisión para la  cantante, a la que acusa de un delito continuado de blanqueo;  mientras que para el ex alcalde de Marbella, al que acusa de los  delitos de cohecho pasivo y blanqueo, pide siete años y medio de  cárcel. A la ex mujer de éste, Maite Zaldívar, también se le acusa  por un delito de blanqueo y se solicita tres años y medio de cárcel.

En el escrito de defensa de Pantoja, de 43 páginas y al que tuvo  acceso Europa Press, se considera que debe absolverse a la cantante y  se muestra la disconformidad con las acusaciones y con los informes  de la Udyco Costa del Sol sobre la situación económica de ésta, los  cuales califica de "voluntaristas, unilaterales, subjetivos,  parciales y tendenciosos", además de estar basados en "conjeturas e  hipótesis no demostradas".

Estos informes, señala el documento, "contienen errores  gravísimos, omisiones y fallos inexplicables", indicando que sólo en  ellos se basan las acusaciones para hacer sus escritos. Ante estos  estudios, la defensa ha presentado un informe económico pericial  realizado por un economista, censor jurado de cuentas, con el que  pretende acreditar todos los ingresos de la tonadillera y su  situación económica.

Así, se apunta que en el periodo investigado de 2003 a 2006 obtuvo  con sus empresas ingresos de 5,1 millones de euros, aunque se apunta  que previamente, de 1999 a 2002, el volumen de negocio generado por  Pantoja y sus sociedades fue de 7,5 millones de euros, según las  declaraciones fiscales presentadas; y posteriormente, de 2007 a 2009,  obtuvo ingresos "similares" por una cuantía de unos 5,6 millones de  euros.

A estas cifras se suman los ingresos por el arrendamiento de la  Finca Cantora, argumentando, además el escrito, que el valor  patrimonial a diciembre de 2002 incluyendo las sociedades y los  inmuebles urbanos y rústicos de la cantante alcanzaba los 4,9  millones de euros. También justifica el efectivo en metálico,  fundamentalmente en las galas y en la actividad de restauración u  ocio.

A este respecto, la defensa manifiesta en el documento que hay  "una verdad incontestable y es que Isabel Pantoja siguió trabajando  --una vez inició su relación con el ex alcalde-- y generando como  hemos acreditado un ingente beneficio económico". También explica los  ingresos de 3.000 euros en efectivo durante varios días seguidos y se  alega que algunas de las galas fueron cobradas en dólares y, tras ser  cambiados a euros, fueron ingresados.

Se apunta que "si hubieran analizado convenientemente el año  2002", los investigadores sabrían que en julio una entidad bancaria  concedió a una de las empresas de la tonadillera un préstamo de 2,7  millones de euros con el objetivo de reunificar las deudas. Con esto  se intenta combatir la acusación de que una vez inició la relación  con Muñoz comenzó a cancelar hipotecas y a abonar deudas "sin  justificación alguna".

"No existen transferencias ocultas, tampoco transferencias ocultas  desde el extranjero, no hay depósitos ocultos, tampoco cuentas  bancarias en el extranjero. Nada de ello hay", se asevera en el  escrito, en el que se incide en que Pantoja "tenía su propio dinero,  lo ahorraba, gastaba o guardaba sin interferencia de nadie, ni  siquiera del señor Muñoz". Además, se añade que "en absoluto manejó,  ocultó o disfrutó de otro dinero que no fuera el suyo".

LA RELACION CON MUÑOZ Y EL APARTAMENTO DE GUADALPIN

En el documento también se analiza la compra del apartamento en el  hotel Guadalpín y, aunque se reconoce que Pantoja tiene "relaciones  con el Ayuntamiento de Marbella, derivada de su condición de  artista", desde el segundo semestre de 2002, se indica que "es a  partir de abril/mayo de 2003 cuando se hace seria la relación  sentimental" con Muñoz, que se exterioriza en la Romería de El Rocío,  en junio.

"Esta es la auténtica verdad", apunta el escrito, en el que añade  que "cualquier otra cosa que quiera decirse es una hipótesis sin  prueba alguna", en referencia a que el juez instructor señalaba al  segundo semestre de 2002 como fecha del inicio de la relación de  confianza. Los abogados defensores recuerdan que en todos los actos  celebrados previamente Muñoz acudió con su entonces mujer, Maite  Zaldívar.

Respecto a la relación, se precisa que, tras exteriorizarla, "ni  siquiera" estuvieron juntos "dos meses" con él como alcalde, ya que  fue relevado por una moción de censura, y se considera "absolutamente  descabellado, irreal y fuera de toda lógica y sentido común" el decir  que Pantoja "conociera los manejos del señor Muñoz y que éstos fueran  ilícitos". Se recuerda que en aquel momento éste no tenía condenas y  acababa de ser elegido regidor por mayoría absoluta.

La defensa indica que en el marco de la Feria Internacional de  Turismo (Fitur) de 2003, en enero, Pantoja se interesó por la  adquisición de un apartamento, analizando esta operación y destacando  que la vendedora, es decir, la promotora Aifos, "estuvo de acuerdo  enseguida para vendérselo a buen precio, con el objetivo de  revalorizar el hotel con personas de notoriedad pública y de gran  influencia en los medios audiovisuales".

También se hace referencia a las reses y se analiza la compra del  chalé 'Mi gitana' de Marbella, negando, asimismo, que se realizara  blanqueo de capitales alguno con esta operación. De esta forma, el  escrito concluye que "si las diligencias de investigación de la Udyco  hubieran tenido un mínimo de coherencia, rigor y objetividad, el  resultado hubiera sido bien distinto".

La defensa del ex regidor también ha pedido la libre absolución de  su patrocinado en un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, en el  que considera que los hechos realizados por éste no son constitutivos  de delito y negando las manifestaciones realizadas por la Fiscalía  Anticorrupción y demás acusaciones.

Lo mismo alegan tanto la ex mujer de éste, Maite Zaldívar, como el  hermano de ésta, en cuyo documento los letrados se muestran  disconformes con los hechos relatados por las acusaciones, instando  también a que se proceda a la libre absolución.