IPdU: "El informe del vertedero carece de capacidad resolutiva"
Iniciativa Popular Ubetense (IPdeU) insistirá en su postura con respecto a uno de los asuntos de interés municipal que está previsto que se trate en el proximo pleno ordinario de mañana martes. Concretamente, la propuesta para disolver, de forma “amistosa”, el contrato entre el Ayuntamiento y Cespa, la empresa encargada del servicio del vertedero. Un punto en el orden del día, a tenor del informe recibido recientemente de la Consejería de Medio Ambiente en el que se insta al Ayuntamiento a proceder al cierre de las instalaciones, al considerarse “ilegales desde 2009”, y a resolver el contrato con la concesionaria en un plazo de dos meses, según el edil de Medio Ambiente, José Luis Romera.
Para la portavoz de IPdU, Luisa Leiva, este informe “supone un arma arrojadiza, una ayuda garantista para la empresa”. “Mantenemos nuestra disconformidad con la postura de este equipo de Gobierno, una postura para amedrentarnos y ponernos contra la pared. No se puede resolver de forma amistosa este contrato con Cespa, porque existen indicios claros que no coinciden con los del equipo de Gobierno, que falta a la verdad”, dice. A su juicio, los populares “mienten”, ya que el informe “surge a instancias de una petición que hace el alcalde ‘a posteriori’ del acuerdo que se suscribió en el pleno del día 27 de marzo, por el que se acordó la resolución del contrato con Cespa por incumplimiento del mismo”, e insiste, igualmente, en que el documento enviado por la Junta “es un informe y no tiene capacidad resolutiva ninguna, por lo tanto mienten”.
Leiva manifiesta: “Utilizan esta situación, contando la verdad a medias a los ciudadanos, para hacernos presión, y este tema hay que acordarlo con el mayor consenso posible. Ese es el sentir de IPdU, porque son temas delicados”.
informe. El edil de Medio Ambiente anunció la pasada semana que “se deberá proceder a la clausura y el sellado del Vertedero Municipal en un plazo de dos meses o, si no, el Ayuntamiento se enfrentará a sanciones de hasta 240.000 euros”. Un informe que, a su juicio, “da la razón al equipo de Gobierno en contra de lo aprobado en pleno el 27 de marzo por los grupos de la oposición, que pedían la rescisión del contrato de gestión firmado por la anterior Corporación en 2009 por incumplimiento de la empresa”.