Investigan el cobro “selectivo” de multas de tráfico en Marmolejo
Al alcalde de Marmolejo, Bartolomé Soriano, le “crecen los enanos”. Si desde finales del mes de marzo ha tenido que lidiar con los tribunales para conseguir levantar el embargo de las cuentas municipales —ordenado el 31 de marzo—, ahora tendrá que “volver al ruedo” por una supuesta “firma selectiva” de las multas de circulación, lo que impide el cobro de algunas sanciones.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Andújar decidió, el pasado 4 de marzo, abrir diligencias previas contra Bartolomé Soriano para determinar si existen irregularidades en la tramitación de las sanciones impuestas a los vecinos del municipio, según la resolución a la que tuvo acceso este periódico. La decisión se toma a raíz de una denuncia interpuesta por la propia Policía Local del municipio.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Andújar decidió, el pasado 4 de marzo, abrir diligencias previas contra Bartolomé Soriano para determinar si existen irregularidades en la tramitación de las sanciones impuestas a los vecinos del municipio, según la resolución a la que tuvo acceso este periódico. La decisión se toma a raíz de una denuncia interpuesta por la propia Policía Local del municipio.
En el documento, que tiene fecha de 22 de noviembre del año pasado, se hace constar que se han detectado una “serie de irregularidades” en la tramitación de los expedientes de tráfico. Se explica que la rúbrica de las multas corresponde al regidor —o en quien delegue—, mediante la firma electrónica. Sin embargo, la Policía Local dice, en el escrito, que pudo verificar, mediante un listado emitido por la Diputación, que la rúbrica se produce, supuestamente, de “forma selectiva” y no parece ser un posible error de un periodo determinado de tiempo.
El Ayuntamiento firmó con la Diputación un convenio en virtud del cual se hacía cargo de la tramitación de los expedientes de las denuncias formuladas por los agentes locales. Estos dan de alta las sanciones mediante un sistema informático y el alcalde las firmas. A partir de ahí, el Sistema Provincial de Gestión y Recaudación Económica se encarga de la notificación a los denunciados, el cobro y el envío de recursos, entre otras acciones. Sin embargo, la Policía denuncia que “numerosos” expedientes no han sido firmados y, por lo tanto, han prescrito, por lo que no se han podido cobrar ni detraer los correspondientes puntos. Ahora, será el Juzgado el que se encargue de esclarecer la acusación.
Entre las multas no rubricadas hay infracciones por alcoholemia, no llevar el cinturón de seguridad y mal estacionamiento, según el documento. Este periódico intentó, sin éxito, conocer la versión del alcalde.