Inquietud en Los Puentes ante el cambio en la política de aguas

Javier Esturillo/Jaén
La política de aguas de 2011 estuvo marcada por la devolución “definitiva” de las competencias del río Guadalquivir al Estado, después de tres años en manos de la Junta de Andalucía. Los vecinos temen que este cambio eche por tierra todo el trabajo realizado en la zona de Los Puentes.

    03 ene 2012 / 11:13 H.

    Cuando parecía que la pesadilla de las riadas había llegado a su fin con el proyecto definitivo de deslinde y encauzamiento de los ríos planteado por el Gobierno andaluz, esta nueva alteración en la política de aguas llena de dudas e incertidumbre a los residentes de Puente Tablas, Puente Nuevo, Puente de la Sierra y Puente Jontoya. Creen que con la devolución de las competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a Madrid los compromisos de la Junta queden en el limbo. “No sabemos qué va a pasar. El proceso se puede dilatar  aún más, ya que todo depende ahora del Gobierno central”, sospecha el presidente de la Unidad de Gestión Vecinal, Antero Jiménez.
    Para evitar esto, los afectados creen que lo mejor es continuar  con el plan marcado por la Junta, que pasa por culminar el deslinde del dominio público hidráulico para el encauzamiento de los ríos y la tramitación del estudio de impacto ambiental. De lo contrario, sería empezar de nuevo con el consiguiente daño para los vecinos. “Esto sería una auténtica barbaridad. Queremos que se respeten todos los compromisos adquiridos en la última comisión de seguimiento”, solicita el representante vecinal. 
    En aquella reunión, celebrada a mediados del pasado mes de julio, el entonces delegado del Gobierno andaluz, Felipe López, advirtió que el proceso sería “duro y costoso”. Duro, porque habrá que eliminar total o parcialmente cincuenta viviendas, y costoso, porque el encauzamiento exigirá un esfuerzo económico titánico: sesenta millones de euros para las obras y otros quince más para hacer frente a las expropiaciones. En total, se verán afectadas por el proyecto ciento ochenta y cinco propiedades, entre casas, piscinas, pistas polideportivas e instalaciones eléctricas, además de la densa vegetación que ha crecido en las márgenes de los ríos.
    El problema radica ahora en la financiación, es decir, qué Administración pública se hará cargo de las obras. Los vecinos pedirán amparo al alcalde, José Enrique Fernández de Moya, en su calidad de senador para que medie con el Ministerio de Arias Cañete.