Inmigrantes de primera, inmigrantes de tercera

Catalina Trillo Molina/Desde Úbeda. Si sale adelante la modificación de la Ley de Extranjería, anunciada por el Ministerio de Sanidad, se exigiría a todos los inmigrantes que viven en España la residencia fiscal, para poder acceder a la tarjeta sanitaria.

    03 may 2012 / 10:57 H.

    Sobre el asunto del turismo sanitario, un estudio publicado en 2010 por el Real Instituto Elcano, el 21% de los dos millones y medio de europeos que viven en España son jubilados que, en la mayoría de los casos no están empadronados, ni pagan impuestos, sin embargo, gozan de la tarjeta sanitaria además de determinados servicios sociales a cargo de los ayuntamientos y otras administraciones públicas españolas, especialmente en la Costa del Sol, como en Málaga que el Ayuntamiento ha abierto una oficina especial para atender las necesidades de turistas extranjeros. Al mismo tiempo, más de medio millón de inmigrantes “sin papeles” perderían la cobertura sanitaria integral, es decir, la tarjeta sanitaria aunque estén empadronados. A todos se les atribuye el incremento del gasto sanitario sin hacer distinción alguna. Los inmigrantes empobrecidos “sin papeles” y temporeros han contribuido al crecimiento de la economía española con su trabajo de explotación en condiciones, hasta de esclavitud, y salarios de miseria. Tras enviar la mayor parte del exiguo salario a su familia, gastan lo mínimo para sobrevivir (alquiler, viajes, manutención o teléfono). Son mano de obra joven, sana y fuerte por lo que apenas necesitan los servicios sanitarios. Tampoco los utilizan para su familia puesto que la ley de extranjería les impide la reagrupación familiar.
    Mientras a los inmigrantes europeos, incluidos los turistas, se les abre las puertas de los aeropuertos, de las clínicas para abortar, y el acceso a todo tipo de prestaciones sanitarias para ellos y sus familias, a los inmigrantes empobrecidos se les abren las puertas de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES), en régimen carcelario, y se les niega el acceso a los derechos más básicos como son la libertad, el trabajo digno y la salud.