19 abr 2009 / 09:06 H.
El indulto parcial concedido a María del Saliente Alonso, la mujer condenada por pegar al mayor de sus dos hijos, permite que la aberración de separar a la madre del menor y la familia, finalmente, no se lleve a cabo. La Audiencia Nacional, que condenó a 67 días de prisión y a un año de alejamiento con respecto a su hijo en estricta aplicación de la Ley de Violencia Doméstica, ya proponía al Gobierno la concesión del indulto con relación al alejamiento familiar. El caso concitó la repulsa general por la desmedida condena que suponía la bofetada de la madre con la intención de corregir la mala conducta del menor. Medios de comunicación de todo el país se hicieron eco de la noticia y el pueblo donde reside la familia, Pozo Alcón, se concentró en apoyo de una familia que vivió en los últimos meses un auténtico calvario. La polémica decisión de alejamiento obedece a que es una medida obligatoria dentro de los casos de malos tratos en el ámbito familiar, es el agujero negro de una ley que no estaba pensada para casos como este y sí para la violencia de sexo. De hecho la propia sentencia reconocía que separar a madre e hijo podía producir “consecuencias perjudiciales para los dos hijos menores de la acusada”. Llegados a este punto y con el apoyo de la Fiscalía que también pidió el indulto, el Gobierno ha tomado la decisión en un tiempo récord y en tres meses desde la resolución del caso se pronuncia favorablemente. No obstante, y una vez celebrada la medida de gracia, conviene recordar la necesidad, a los políticos que entregaron esta mermada ley a la Judicatura, para que se pongan a trabajar para que hechos como los juzgados no tengan que enjuiciarse con una ley que ha demostrado sus carencias en este sentido. Es una manera de facilitar la tarea siempre complicada de los jueces que, en el caso que nos ocupa, recibieron críticas mal dirigidas.