Incomprensión ciudadana ante la huelga de los jueces
La histórica protesta de los jueces españoles esta semana para exigir al Gobierno la asunción de medidas para modernizar y hacer más eficaz la administración de Justicia, al margen de las fuertes interpretaciones políticas que sobre el asunto se puedan hacer, supone, también, un pésimo ejemplo para la asunción democrática que tienen los magistrados.
Como garantes de uno de los pilares del Estado, que los jueces hayan realizado esta huelga no tiene precedentes en la historia española y concita fuertes críticas para una ciudadanía que entiende que este colectivo, por su relevante papel, es uno de los privilegiados por el propio sistema. Es necesario que no se llegue a estas situaciones y que la cordura vuelva en todos los sentidos y en todos los implicados en las negociaciones. Las reivindicaciones de los jueces tienen todo el sentido porque la precariedad de medios y personal con la que realizan su trabajo tiene una traslación directa en la justicia que se presta al ciudadano. En estas viejas reivindicaciones tienen cuota compartida de culpa los sucesivos gobiernos y los partidos políticos en general que no son capaces de dotar al sistema de los suficientes medios para agilizarlo. De esta forma, se daría cauce a unas reivindicaciones laborales y con ellas la mejora del servicio que se presta al ciudadano. En el caso concreto de Jaén, la protesta de los jueces sólo fue un parón de diez minutos, a las puertas de la Audiencia Provincial, con el que se reivindicaban esos cambios, pero sin paralizar la actividad diaria. En cualquier caso, los más de treinta jueces de las distintas sedes judiciales dejaron claro, a través de la lectura del comunicado, que habrá una huelga formal el próximo 26 de junio si el Ministerio de Justicia no asume las demandas. Sería interesante, desde el punto de vista ciudadano, que se allanara el camino de la negociación para que esa cita no fuera necesaria.