Incendios intencionados, una lacra social que hay que perseguir

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pedía esta semana “muchísimo cuidado” a los ciudadanos porque el noventa por ciento del territorio del país se encontraba en máxima alerta por los incendios forestales. El intenso calor propiciaba una coyuntura especialmente complicada, que favorece de manera muy peligrosa la propagación de las llamas. La llamada de atención del ministro es significativa si se tiene en cuenta que desde el mes de junio ya han fallecido once personas víctimas del fuego, nueve de ellos mientras colaboraban en tareas de extinción. En Jaén la zona más castigada hasta ahora es la antesala del Parque Natural de Sierra Mágina, en el término municipal de Jódar, donde ya se han registrado cinco incendios en dos semanas, lo que hace sospechar, junto a otros factores, que se trata de siniestros intencionados. La situación es preocupante, porque aún queda mucho verano por delante y no hay visos de que las tornas vayan a cambiar. Preocupa que no haya una clara conciencia social del alcance real de los incendios y de la gravedad que conllevan.
No se puede ser permisivo con los delitos que atentan contra el medio ambiente.  Sucede con demasiada frecuencia que los autores confesos de incendios salen impunes, según la interpretación que cada juez haga del caso, amparados en diversas circunstancias atenuantes perfectamente legales. Quizá sea el momento de replantearse hasta qué punto la legislación debería ser menos permisiva en asuntos de esta índole cuando, además, no se trata del daño medioambiental, importante por sí mismo, sino también de la pérdida de vidas humanas a consecuencia de hechos que son intencionados. La gravedad de la situación requiere, al menos, una reflexión profunda para evitar, no sólo que vuelva a suceder, sino que los culpables paguen en proporción al daño que causan.