15 ago 2015 / 09:12 H.
El último incendio registrado en la provincia, en Castillo de Locubín, en el paraje de La Camuña, finalmente fue extinguido el pasado jueves, pero mantuvo en tensión a los vecinos de la zona. No es la primera vez que arde esta zona. Ya en el mes de julio de este año y en 2014 también ardió una importante extensión de terreno. La intencionalidad de los mismos es tan evidente que hasta el propio alcalde emitió un bando para pedir la colaboración ciudadana para encontrar al pirómano. En este sentido, es fundamental penas más severas para aquellos que disfrutan con el fuego o para quienes ejecutan órdenes para sacar beneficio a la tierra quemada. En este punto es desalentador comprobar los pasos atrás de la legislación española para perseguir hasta la última instancia a los que, finalmente, se aprovechan de un incendio forestal. Los cambios de uso de los terrenos son, por ejemplo, una pista para quienes saben hacer negocio con la desgracia ajena. Ya sea por especulación urbanística, ganadera o agrícola los incendios intencionados deberían estar penalizados con sanciones ejemplarizantes. Además de poner en peligro a los profesionales que luchan contra las llamas, en muchos casos, también amenazan a la población. En un país como España, con unos tesoros naturales tan importantes, produce estupor comprobar la facilidad para salir impunes de estos delitos contra el medio ambiente. Perseguir a la mano ejecutora y al que recibe el beneficio al cabo de los años tendría que ser una prioridad y, sin embargo, cada temporada de verano se producen incendios intencionados y poco o nada se sabe de las condenas, de las tramas y de los negocios de la madera.