Imputan por cohecho al alcalde de un pueblo creado hace un año

Una veintena de agentes sacaron durante toda la mañana una docena de cajas llenas de expedientes urbanísticos, en el marco de una investigación por presunta prevaricación y cohecho. Por el momento han sido detenidas cuatro personas, entre ellas el actual alcalde, Ernesto Silva (Foro Andaluz), imputado por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, y el regidor anterior, José Antonio Conejo, que gobernó hasta el año 2007 bajo las siglas del PA y actualmente es concejal socialista en el municipio de Antequera.
Los agentes de la Guardia Civil llegaron en torno a las ocho de la mañana y, tras enseñar la orden judicial, comunicaron “que el edificio estaba clausurado”, según el alcalde. Silva explicó que llevaba semanas colaborando con la Guardia Civil, que le pidió documentación sobre expedientes urbanísticos del mandato anterior, pero no sabía que ayer iban a registrar el Ayuntamiento malagueño.
El registro de “archivos y ordenadores” se prolongó hasta las dos de la tarde y los agentes de la Guardia Civil detuvieron a Silva, Conejo, al aparejador municipal Gabriel Liévana; y al abogado Juan Francisco Hurtado en su despacho de la Universidad de Málaga, donde es profesor de Derecho Administrativo, también registrado ayer. Silva dijo estar “muy tranquilo” y destacó que desde su llegada al consistorio está “dando mucha caña con todo” por lo que no tiene “nada que ocultar”. Añadió que dos días después de su toma de posesión paralizó “la primera obra”. “Desde entonces hemos seguido llevando a cabo como hemos podido el tema de la disciplina urbanística”, subrayó. El regidor afirmó que en este tiempo han parado una cantidad “importante” de expedientes, en torno a veinte, principalmente en terrenos rústicos.
La intervención fue ordenada por el juzgado de instrucción número dos de Antequera, que ha decretado el secreto de las actuaciones, según explicó el subdelegado del Gobierno central en Málaga, Hilario López, quien precisó que el caso se investiga desde hace tiempo y está relacionado con “el actual Gobierno”. En un momento de especial suspicacia tras el reciente registro en la Diputación de Alicante, López aclaró que el despliegue no fue excesivo sino el adecuado. De hecho, ayer, el líder del PP-A, Javier Arenas, pidió un “protocolo” para las intervenciones policiales en instituciones con el fin de evitar “la brutal discriminación” que supone que algunas “se conviertan en grandes espectáculos mediáticos en función del afectado”. Redacción / Málaga