Imputado por “cruzar” en la calzada el cable de su grúa
El conductor de una grúa debe sentarse hoy en el banquillo de los acusados para responder de un delito contra la seguridad vial. El hombre, de 53 años, remolcó un coche que estaba averiado en el Polígono de los Olivares. Para ello, colocó un cable de acero que cruzaba todo el ancho de la vía. Un motorista que circulaba por esa zona no vio el obstáculo y colisionó contra él. Sufrió diversas lesiones y contusiones por todo el cuerpo.
Los hechos ocurrieron a la una y cinco de la tarde del pasado 4 de agosto, en la calle Beas de Segura de la principal zona industrial de la ciudad. Hasta el lugar acudió una patrulla de la Policía Local, que había sido avisada para intervenir en el accidente. Cuando los agentes llegaron, el motorista ya había sido evacuado al Hospital Neurotraumatológico, donde fue dado de alta horas después. El Equipo de Atestados comprobó que el siniestro se produjo después de que la moto que conducía la víctima se enganchara con el cable de acero de una grúa, cuyo conductor estaba trabajando para transportar otro vehículo. “El cable cruzaba toda la vía de la circulación, desde el margen derecho hasta el izquierdo”, señala el informe de la Policía Local, que añade que no había “ningún tipo de señalización” sobre la labor que estaba realizando la grúa.
A raíz de ahí, los agentes abrieron diligencias por un delito contra la seguridad vial, al originar esta acción “un grave riesgo para la circulación”. Al respecto, el atestado, al que ha tenido acceso Diario JAÉN, habla de la colocación de “obstáculos imprevisibles” en la vía. Además, en este caso, se produjo un accidente, que provocó un herido leve.
Peligro de suspensión. En principio, el juicio rápido contra el conductor de la grúa está previsto para hoy en el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén. Sin embargo, hay riesgo de suspensión. ¿Por qué? Porque entre las lesiones que sufre el motorista presenta una fractura de los huesos de la nariz, según confirman fuentes judiciales cercanas al caso. Con este escenario, sería necesario que el proceso pasara a diligencias previas, para su posterior enjuiciamiento en un Juzgado de lo Penal. En principio, la Fiscalía tiene previsto solicitar el sobreseimiento de la causa, al entender que el riesgo creado no fue excesivamente grave. El criterio del Ministerio Público es que los hechos sean sancionados desde el punto de vista administrativo y no penal. Sin embargo, esta postura no conlleva el archivo del procedimiento, pues el perjudicado puede ejercer la acusación particular.