"Impotentes" antes de las chabolas de El Bulevar
Mientras las administraciones públicas siguen el curso de la Ley para resolver la situación del poblado de chabolas de El Bulevar, el conflicto social se vigoriza. “No queremos parecer racistas, pero ya no sabemos dónde llamar”, señala un residente del barrio, que, más allá de los “problemas de convivencia” que —dice— están “derivados de distintas formas de vida” y “de un uso inadecuado de los bienes comunes”, pone el acento en la insalubridad de la zona.
“Se está convirtiendo en un estercolero”, resume este vecino, que prefiere permanecer en el anonimato. “Están acumulando lavadoras, hay 4 o 5 frigoríficos, 30 colchones apilados, bombonas de butano, y sentimos miedo, porque ya no es que estén acumulando chatarra y basura simplemente. Estamos hablando de residuos tóxicos y peligrosos”, subraya el mismo ciudadano, que lamenta: “A estas alturas, uno ya no sabe si esto es el punto limpio o qué”.
A principios de mes, el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, advirtió de las “peculiaridades del caso”, ya que —indicó— se trata de un solar privado y hay menores. Por ello, anunció que el Ayuntamiento elevaría la situación a los tribunales para que sea un juez el que dirima. Mientras tanto, la Junta sigue a la espera de que la Concejalía de Asuntos Sociales le remita los informes que le solicitó el 5 de agosto a propósito del asentamiento ilegal. A pesar de que el Ejecutivo andaluz tiene las competencias en protección y tutela de menores, antes, existe un trabajo previo que —recalcan fuentes de la Junta— le corresponde a la Administración local, que, hasta el momento, solo ha remitido el informe policial y es insuficiente, subrayan.
Ese trabajo de los Servicios Sociales municipales debe determinar cuestiones como el número de menores que hay en el poblado, sus circunstancias, posibles riesgos y su evaluación. Es una labor preventiva —recuerdan desde la Junta— para que no tengan que llegar al servicio de protección.